Comunicación y RRPP

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Conexión CCJ Edición #23

Jueves 19 de mayo de 2022

 
Compartimos con usted las principales noticias, logros, publicaciones y eventos de nuestra organización en el último mes. 
El pasado 5 de mayo, congresistas, organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), participamos en una audiencia pública para discutir sobre el nulo avance en la construcción e implementación de la política pública a favor del campesinado.

Durante este espacio, exigimos que cesen las dilataciones institucionales para concertar con el movimiento campesino la ruta que garantice su participación en la formulación de este proyecto de política pública.
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En medio de la violación sistemática de derechos humanos que viven los líderes y líderes sociales, la Corte Constitucional convocó , el pasado jueves 28 de abril, a una audiencia pública para evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante la vulneración masiva de los derechos fundamentales de las personas defensoras. 

Esta audiencia pública se dio en el marco de la acción de tutela interpuesta por un grupo de líderes y líderes sociales respaldados por plataformas de DD.HH .y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas.
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Enviamos a los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, independencia de los magistrados y abogados y medio ambiente, el caso sobre la estigmatización y detención del gobernador indígena del cabildo La Esperanza (Caquetá), Reinaldo Quebrada Quilcue.

Esta comunicación expuso la distorsionada lucha del Gobierno nacional contra la deforestación a manos de las fuerzas militares a través de la Operación Artemisa, en la que numerosas comunidades campesinas e indígenas han sufrido violaciones a sus derechos. Solicitamos a los Relatores pronunciarse frente al caso, pedirle al Estado colombiano que respete la autonomía de la jurisdicción indígena y que, en consecuencia, se desista de la investigación que adelante la Fiscalía en su contra. También que el Estado reconozca la presencia de comunidades indígenas y campesinas en los parques naturales, y que se investiguen los abusos cometidos por las fuerzas militares.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ratificó las medidas cautelares para proteger el cementerio alterno de El Copey (Cesar), que está siento intervenido por el alcalde Francisco Meza Altamar, y prohibió cualquier actividad o tránsito en este terreno donde reposan decenas de víctimas de desaparición forzada (“falsos positivos”).

Desde la CCJ se recibe con gratitud esta decisión de la JEP y se espera un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las órdenes impartidas por la Jurisdicción para evitar que las intervenciones continúen en este terreno, pues los restos que allí reposan están en riesgo. 
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Denunciamos  la dramática situación que enfrentaron las comunidades en los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Sucre por el paro armado.

Tras el  “Paro Armado decretado por Clan del Golfo/ Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC” , dada la extradición de su excomandante Daniel Antonio Úsuga, mejor conocido como ´Otoniel´ hacia los Estados Unidos,  se vulneraron gravemente los derechos humanos fundamentales de la Población de diferentes departamentos y se presentaron acciones violentas.
 
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En agosto de 2021, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en favor de Rosario Ortiz Girado , una mujer afrodescendiente de 38 años, oriunda de Cartagena (Bolívar), que fue diagnosticada con un tumor maligno en su médula espinal. Esto no fue debidamente atendido por la EPS Coomeva ni tampoco está recibiendo la necesaria atención actualmente por la EPS Sura, a la cual fue trasladada desde el primero de febrero de 2022 tras la liquidación de la primera entidad.
 
Foto de referencia tomada de El Tiempo.
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Luz Miriam Castaño (víctima del conflicto) y sus tres hijos, uno de ellos con discapacidad, iban a ser desalojados el pasado 10 de mayo de su hogar en Marinilla, Antioquia.  El 31 de octubre de 2011, la Fiscalía General de la nación inició el trámite de extinción de dominio del hogar de Luz Miriam, así como su embargo y secuestro. Sin embargo, esta diligencia de desalojo quedó aplazada 30 días hasta que se revise la tutela que se radicó para proteger los derechos fundamentales a la vivienda en condiciones dignas de la señora Castaño y de su familia.
 
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