Incidencia Nacional

La Corte convoca a audiencia pública por #ElDerechoADefenderDerechos: ¿Qué significa?

La audiencia pública hará un repaso de la situación actual de los defensores de derechos humanos y los respectivos compromisos del Estado. Participarán líderes sociales, organizaciones de la sociedad civil y entidades del Estado que están encargadas de la garantía del derecho a defender derechos  

En medio de la violación sistemática de derechos humanos que viven los líderes y lideresas sociales, la Corte Constitucional convocó, este jueves, a una audiencia pública para evaluar cuál ha sido la respuesta del Estado ante la vulneración masiva de los derechos fundamentales de las personas defensoras. 

Esta audiencia pública se da en el marco de la acción de tutela interpuesta por un grupo de líderes y lideresas sociales de Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Cali y Medellín, respaldados por plataformas de DDHH y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas. 

En este espacio, además de los accionantes de la tutela y las organizaciones que acompañamos este proceso, participarán las autoridades del Estado que están encargadas de garantizar la seguridad de los líderes sociales (como la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo). 

Entre los objetivos de la audiencia, que será virtual, se encuentra la recopilación de información que permita valorar la situación actual de la política estatal en materia de garantías de quienes defienden derechos humanos en Colombia. La Corte Constitucional también buscará acceder a testimonios que permitan comprender la efectividad de las rutas estatales de protección de la población de líderes y lideresas en Colombia.

Las organizaciones que suscribimos la acción de tutela para exigir al estado colombiano la protección del derecho a defender derechos somos: el Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), Comisión Colombiana de Juristas, Movimiento Ríos Vivos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Asociación Colombiana de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Corporación Reiniciar, Asociación Minga, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, con el apoyo de Somos Defensores, Sisma Mujer,  la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. También se han sumado apoyos de otras organizaciones sociales y la academia, tales como: Universidad ICESI, Universidad Autónoma de México- UNAM, Universidad de Notre Dame, Universidad Javeriana de Cali, Universidad El Rosario, Human Rights Data Analysis Group, Alianza Iniciativa Mujeres por la Paz, Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo – SINDHEP, Corporación Desarrollo Solidario (CDS) y la Asociación Sembrando Semillas de Paz (Sembrando Paz).

¿Cuáles son las mayores preocupaciones que llevaremos ante la Corte?

1. Después de cuatro años del gobierno Duque, la situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es dramática

Después de cuatro años, el gobierno Duque no solo ha incumplido las garantías de seguridad contenidas y desarrolladas en el Acuerdo Final de Paz, sino que ha implementado medidas alternas para enfrentar la situación de los líderes y lideresas sociales. Las mismas  han demostrado ser ineficaces, como lo indican las cifras de violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal, las denuncias de amenazas, de desplazamientos y otras vulneraciones como robo de información. 

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 145 líderes sociales fueron asesinados en Colombia en 2021. Sin embargo, las organizaciones que hacen un monitoreo a esta problemática apuntan a que puede haber un importante subregistro.

¿Por qué después de cuatro años el gobierno ha preferido crear nuevas medidas de seguridad en vez de implementar  las contempladas en el Acuerdo de Paz?

En el 2018 el Gobierno afirmó que llevaría a cabo el Plan de Acción Oportuna (PAO) para responder a la violencia que afecta a los líderes y lideresas sociales.En este proceso ignoró las dudas sobre el plan que tenían las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales, quienes no tuvieron participación ni en la configuración ni en la implementación.

2. Insistimos en un fallo con alcance estructural tras los incumplimientos

El Ejecutivo está poniendo la lupa sobre algunos baches de seguridad en lugar de atender la situación de manera estructural. Es importante que se tomen decisiones estructurales en el marco de un estado de cosas inconstitucional (ECI).

En las primeras decisiones, los jueces constitucionales vieron vulnerados los derechos de las accionantes y emitieron las siguientes órdenes: el reconocimiento y obligación de garantizar el derecho a defender derechos; la reactivación de la Mesa Nacional de Garantías y de las Mesas Territoriales de Garantías; la elaboración de una campaña por parte de la Presidencia que atienda la estigmatización de los líderes y lideresas sociales; y la inclusión de un enfoque étnico racial y cultural en las medidas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Sin embargo, las instituciones del Estado aún no han cumplido con lo ordenado y la situación sigue siendo preocupante. 

¿Qué esperamos que se logre con la audiencia?

1. Participación y voz de los y las accionantes acerca de la respuesta del Estado para garantizar su derecho a defender derechos 

2. Escuchar a las instituciones que tienen competencia en la seguridad de los líderes.  ¿Cuál ha sido su respuesta de las instituciones en los últimos cuatro años? ¿Por qué no ha funcionado la respuesta dada? ¿Cuáles son las fallas estructurales que atraviesan sus actuaciones? 

3. La audiencia pública es un espacio abierto que nos permite enterarnos como sociedad sobre la toma de decisiones que atraviesa la seguridad de quienes defienden derechos y construyen democracia en el país. 

4. Esperamos que la Corte Constitucional pueda evaluar la situación para tomar órdenes estructurales en relación con la seguridad de líderes y lideresas sociales.

Contexto: El largo camino de la acción de tutela

En 2019, un grupo de líderes sociales del Cauca, Chocó, Casanare, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba y Medellín presentaron ante el Tribunal Superior de Bogotá una acción de tutela que buscaba exigirle al Estado Colombiano que protegiera su derecho a defender los derechos humanos.

Allí se le solicitó al juez constitucional, entre otros, que declarara el estado de cosas inconstitucional respecto de la grave situación de seguridad que enfrentan quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en el país y que, en consecuencia, amparara los derechos de los y las accionantes. Además, se solicitó la toma de medidas estructurales para superar la crisis y el pronunciamiento sobre la obligación de las autoridades de cumplir las medidas contenidas en el Acuerdo Final de Paz.

En diciembre de 2020, 189 lideresas y líderes sociales firmaron una carta dirigida a la Corte Constitucional en la que le solicitaron revisar el expediente de esta acción de tutela.

El 29 de enero de 2021 la Corte Constitucional seleccionó el expediente de tutela para su revisión y ahora convoca a audiencia pública para conocer la situación actual de los líderes sociales y precisar el alcance de la política pública en materia de protección de la población líder y defensora de derechos humanos.