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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ordenó al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra.

Desde 2011 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

Con el inicio del paro nacional las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Policía y civiles armados aumentaron de forma alarmante. Frente a ello, el área de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- realizó diferentes acciones ante instancias internacionales, con el fin de visibilizar la situación que se presentaba en el país y pedir el apoyo internacional para que cesara la violencia en el contexto de las protestas.

Tras una visita que hizo en noviembre de 2021 la familia de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido y asesinado extrajudicialmente, acompañada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y un grupo de víctimas de crímenes de Estado del Caribe, se pudo constatar que continuaron las intervenciones en el cementerio alterno de El Copey, ubicado en el departamento del Cesar. Se presume que en este terreno reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que también fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes estatales.

En Colombia, el derecho a la verdad ha estado condenado al olvido; supeditado a la voluntad de los poderosos; y muchas veces ha estado ausente, incompleto y rezagado. Como parte de un ejercicio de construcción de memoria colectiva y con el fin de contribuir al esclarecimiento de algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) creó el sitio web ‘Tejiendo memoria’.

Esta iniciativa multimedia es una herramienta y un mecanismo de afrontamiento emocional en el que las víctimas, sus familiares y las comunidades podrán recordar a sus seres queridos, hacer homenajes y elevar sus voces y denuncias.


La Comisión Colombiana de Juristas lanzó este año “Reflexiones para una justicia agraria en Colombia” y “Silencios e impunidades del despojo”, dos publicaciones que tienen como propósito reflexionar sobre las deudas históricas de una justicia agraria y transicional en Colombia. Además, demuestran que, aunque algunos casos han sido llevados ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, persisten impunidades respecto a la responsabilidad de los actores que propiciaron o se beneficiaron de los despojos.

El 3 de marzo de 2020 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) acudió ante la Corte Constitucional para cuestionar la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 1979 de 2019, "por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan a los veteranos de la Fuerza Pública y se otorgan otras disposiciones".

El 29 de abril de 2021, la Corte Constitucional falló a favor de la Acción Pública de Inconstitucionalidad presentada por la CCJ, lo que implicará la exclusión de los militares que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos de la categoría de veteranos, los cuales ya no serán considerados como población vulnerable.  Ningún medio de comunicación ni plataforma virtual tendrá la obligación de honrar la memoria de los veteranos, y el Centro Nacional de Memoria ya no deberá dedicar ningún espacio especial para su memoria.

Durante 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el estudio de cuatro peticiones presentadas por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ): 1. el caso de Bárbara y su familia, una líder campesina torturada y agredida sexualmente por paramilitares que salió del país para resguardar su vida; 2. la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ángel Quintero y Claudia Monsalve; 3. el asesinato del sindicalista Luis Felipe Vélez; 4. el asesinato de Simón Efraín González en el departamento de Magdalena a manos de paramilitares.

Adicionalmente, este año fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición forzada del integrante del Ejército Óscar Iván Tabares. Por último, destacamos la solicitud de medidas cautelares realizadas por la CIDH al Estado colombiano, por petición de la CCJ, para preservar la vida e integridad del comisionado, líder social y defensor de derechos humanos Leyner Palacios, así como de su familia.
El GRUBE* de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- y con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, entregó dignamente el cuerpo de David Andrés Carrillo a su familia, luego de 14 años de su desaparición.

El 14 de agosto de 2007 David Andrés salió de su casa en el barrio Santa Viviana, ubicado entre la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha, Cundinamarca, con la esperanza de reunirse con un amigo para hablar sobre una oferta laboral. Desde ese día sus seres queridos no volvieron a saber nada de él hasta el año 2016, cuando la Fiscalía informó sobre el hallazgo de tres cuerpos y la cédula de David Andrés en una fosa de la vereda La Esmeralda, en el municipio de San José del Guaviare.

Con ocasión de la visita de trabajo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia entre el 8 y 10 de junio, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) preparó un informe que documenta algunos elementos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivió el país desde el 28 de abril, día que inició el Paro Nacional.

Les invitamos a consultar este informe que recoge, entre otras, las múltiples violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el pasado 28 de abril, y que esboza la precaria e insuficiente respuesta estatal ante el estallido social en el país.

La Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones sociales participaron el pasado 19 de noviembre a una audiencia pública en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes para analizar la situación de violaciones a los derechos humanos de líderes, lideresas sociales y personas defensoras en Colombia. Este encuentro tenía como propósito visibilizar su situación y la falta de garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos en el país.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en alianza con el movimiento de paz holandés PAX, presentó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el informe “La búsqueda no se agota: 21 años de lucha en dignidad a pesar de una reparación incompleta”, que se enmarca en el acompañamiento y representación judicial a las familias, líderes y lideresas que buscan a las personas dadas por desaparecidas del corregimiento de El Salado (Bolívar).

Este documento se centra en el departamento Bolívar, donde se hace un esfuerzo colectivo por documentar la experiencia de las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en relación con la búsqueda de sus seres queridos, quienes hoy son personas dadas como desaparecidas.

A nivel nacional la CCJ ha promovido desarrollos normativos de importancia para los derechos humanos en el país. Así, por ejemplo, ha logrado incidir en la Constitución de 1991 (especialmente en el reconocimiento de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos, la definición de la carta de derechos y la restricción de los estados de excepción); en la ley estatutaria de los estados de excepción (1994); en la tipificación del delito de desaparición forzada en la legislación colombiana (ley 589 de 2000). Después de años de intenso debate, promovido especialmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la CCJ, se logró la aprobación en el Congreso, sin reservas, del protocolo II de los convenios de Ginebra de 1977, y su subsecuente firma (ley 171 de 1994). Igualmente se logró la aprobación de la ley que creó las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y de la Cámara. En la comisión redactora de un nuevo código penal militar, convocada por decisión gubernamental en 1995 (integrada por ocho miembros del Ministerio de Defensa y ocho de sectores civiles, incluido el Director de la CCJ), se logró conformar un grupo civilista con una propuesta alternativa a la militar, que en lo fundamental fue aprobada como nuevo código (ley 522 de 1999). En el trámite legislativo de la ley de víctimas, se lograron incluir dentro del texto aprobado garantías especiales y medidas de protección para las mujeres, la presunción a favor de la víctima respecto a terceros de buena fe, y medidas de participación de las víctimas en el diseño, implementación y seguimiento de la norma.

A su vez, a través de demandas de inconstitucionalidad promovidas conjuntamente con otras organizaciones sociales y de derechos humanos, la CCJ ha obtenido la anulación por parte de la Corte Constitucional de legislación contraria a derechos humanos, como la Ley de Defensa y Seguridad Nacional (ley 684 de 2001, que autorizaba prácticamente la militarización del Estado, declarada inconstitucional por sentencia C-251 de 2002), el Estatuto Antiterrorista (Acto Legislativo 02 de 2003, que modificó la Constitución para permitir la detención y el interrogatorio de civiles por militares, declarado inconstitucional por sentencia C-818 de 2004), el Estatuto de Desarrollo Rural (ley 1152 de 2007, que violó el Convenio 169 de la OIT sobre consulta a pueblos indígenas y afrocolombianos, declarada inconstitucional por sentencia C-175 de 2009), el Estado de Excepción decretado a través del decreto 2002 de 2002 (que otorgaba facultades exorbitantes a las autoridades militares sobre la población civil, declarada parcialmente inconstitucional por sentencia C-122 de 2003), varias normas de la ley 975 de 2005 que reguló los procesos judiciales de rebaja de penas a paramilitares desmovilizados (sentencia C-370 de 2006), y la reforma constitucional al fuero penal militar (Acto Legisaltivo 02 de 2012) declarado inconstitucional por sentencia C-740 de 2013 evitando las graves implicaciones que la vigencia de tal reforma pudo haber ocasionado en la investigacion y juzgamiento de miembros de las fuerzas militares involucrados en casos de violaciones de derechos humanos, con el riesgo latente de que condujeran a la impunidad.

En relación con el litigio estratégico de casos paradigmáticos para la protección de los derechos de las víctimas, la CCJ logró la protección de los derechos a la salud integral y a la atención psicosocial de todas las víctimas del conflicto armado por parte de la Corte Constitucional (sentencia T 045/10), que ordenó al Ministerio de Protección Social el diseño e implementación de protocolos, programas y políticas de atención en salud que respondan a las necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la recuperación de los impactos psicosociales ocasionados por la violencia sociopolítica en el país.

La CCJ es parte de la comisión coordinadora con el Gobierno para el seguimiento de las recomendaciones formuladas ante el Sistema Interamericano para el esclarecimiento de la verdad y reparación en los casos de las masacres de los Uvos, Caloto y Villatina. Fue parte asimismo de la comisión para el esclarecimiento de los sucesos violentos de Trujillo (1994-1995).

Mediante su trabajo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, se han obtenido importantes resoluciones de este organismo en las que se establece la responsabilidad estatal por diversos casos de violación de derechos humanos y se solicita al gobierno indemnizar a los familiares de las víctimas y procesar a los culpables. Es de destacar que antes de la fundación de la CCJ los casos colombianos ante la OEA estaban casi estancados y no se había producido decisión definitiva en relación con ninguno de ellos. En 1988 la CIDH declaró la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada de Luis Fernando Lalinde, ocurrida en 1984. Fue el primer caso sobre Colombia decidido por ese organismo. Había sido denunciado por el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, el médico Héctor Abad Gómez, asesinado en 1997, luego de lo cual la representación fue asumida por la CCJ.

En 1992, la Comisión Interamericana decidió someter a consideración de la Corte Interamericana un caso sobre Colombia, que fue la desaparición forzada de Isidro Caballero y María del Carmen Santana, que había sido denunciado ante la Comisión por la CCJ. En 1995, por primera vez en la historia, la Corte Interamericana adoptó una sentencia condenando al Estado colombiano por dichas desapariciones.

La CCJ obtuvo la decisión de los primeros cinco casos de Colombia en la Comisión Interamericana y del primero ante la Corte Interamericana, además de otros cinco casos posteriormente ante esta Corte (Las Palmeras, 2001; 19 comerciantes, 2004; Ituango, 2006; Pueblo Bello, 2006; y Jesús María Valle, 2008), y estimuló a las restantes organizaciones colombianas de derechos humanos a ejercer acciones internacionales, en las que hasta entonces no habían participado. También contribuyó a aprobar en 1996 la ley 288 por la cual se reconoció obligatoriedad a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con casos individuales.

En las Naciones Unidas, el trabajo de la CCJ ha llevado a una serie de importantes declaraciones y decisiones sobre Colombia. Entre ellas sobresalen las declaraciones del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, adoptadas cada año por consenso desde 1996 hasta 2005, último año de existencia de la Comisión (que fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas); la resolución sobre Colombia de la subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías (1994); y las observaciones y conclusiones de comités de vigilancia de tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité Contra la Tortura, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño.

Muy importante fue la Declaración en 1996 del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que hizo una síntesis de la situación de derechos humanos en Colombia, retomando en gran parte los argumentos de las organizaciones colombianas y pidiendo al Alto Comisionado abrir una oficina en Colombia con el doble mandato de supervisar la situación de derechos humanos del país (a través de informes analíticos presentados a la Comisión de Derechos Humanos) y de brindar asistencia técnica tanto al Estado como a la sociedad civil colombiana. La oficina fue abierta en 1997; en gran parte este es el resultado del trabajo persistente y sistemático realizado durante siete años por la CCJ ante las Naciones Unidas y los países miembros, en estrecha coordinación con ONG nacionales e internacionales. Luego de ello, la CCJ ha continuado trabajando para contribuir al desarrollo del mandato de esta Oficina y a su permanencia en Colombia, pues los últimos gobiernos, incluido el actual, han pretendido poner fin a su presencia en el país, o reducir sus funciones, lo cual sería un grave retroceso en relación con el propósito de mejorar la situación de derechos humanos en Colombia.

La CCJ es asesora de las centrales sindicales colombianas ante la OIT y en tal calidad ha contribuido a la adopción de importantes decisiones sobre Colombia, la realización de visitas especiales de este organismo al país, la constitución de una misión de buenos oficios, y el nombramiento de un representante de la OIT en Colombia.

La CCJ también contribuyó, junto con numerosas organizaciones de derechos humanos del mundo entero, a la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, la aprobación del Estatuto de Roma por parte del Congreso colombiano y la adhesión del gobierno en 2002. Desde entonces, la CCJ ha actuado permanentemente ante la CPI suministrándole información sobre casos que recaerían sobre su competencia y sobre los cuales la CCJ pretende que en algún momento sean asumidos por la CPI. Asimismo, la CCJ ha realizado durante varios años actividades sistemáticas en Naciones Unidas conducentes a la aprobación de normas internacionales, como el Conjunto de Principios sobre la Lucha contra la Impunidad, el Conjunto de Principios sobre el Derecho de las Víctimas a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, la Declaración sobre el Derecho a Defender los Derechos Humanos, y la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, entre otros instrumentos.

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