Comunicación y RRPP

"Teniendo en cuenta que no se hará un abordaje por conducta sino por actores, la priorización deberá garantizar que los crímenes sean recogidos en cada uno de los tres nuevos macrocasos, para reflejar su dimensión en el conflicto armado" Ana María Rodríguez, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas, durante la audiencia pública en Bogotá convocada por la JEP, para escuchar a víctimas de cara a la apertura de tres macrocasos.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) participó en una audiencia que llevó a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 28 de febrero en Valledupar, donde escucharon a las víctimas a propósito de la reciente decisión de abrir tres nuevos macrocasos en los que se abordarán crímenes cometidos por las extintas FARC y la fuerza pública, así como hechos violentos contra pueblos y territorios étnicos. 

Conozca las observaciones que la CCJ hizo a este tribunal para la priorización de nuevos casos. 

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) tuvo una audiencia el pasado 14 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de cuatro personas desaparecidas en San Onofre (Sucre), dos de ellas pertenecían al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. 

La CCJ solicitó a la CIDH investigar la posible violencia sexual cometida contra Sadith Mendoza y Aida Padilla, que eran las dos mujeres que acompañaban a los investigadores del CTI; coordinar las labores de búsqueda para encontrar a las cuatro víctimas; tratamiento médico y psicológico gratuito para las familias, entre otros.

Durante el Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada para los DD.HH., Michelle Bachelet, realizó la presentación de su informe anual sobre la situación de derechos a nivel mundial. En el caso particular de Colombia hizo una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos y se se refirió a la grave ola de violencia que se ha estado presentando en el territorio. 

Conozca más detalles sobre el informe: 

La comunidad de Sumapaz, que durante más de treinta años ha sufrido el conflicto armado, ha buscado su reconocimiento como víctima y sujeto colectivo de reparación por parte de la Unidad Víctimas; sin embargo, esta entidad le negó esta condición argumentando, entre otras, que los daños sufridos eran individuales.

Ante esta situación, la Comisión Colombiana de Juristas ha apoyado diferentes acciones jurídicas con el objetivo de que se superen las condiciones que permiten que el conflicto persista en su territorio.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad del Estado colombiano (Ministerio de Defensa y Policía Nacional) por el asesinato de Julio César Peñaloza, víctima de un atentado el 18 de agosto de 1989, día en que Luis Carlos Galán asistió a Soacha para dar un discurso.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) seguiremos trabajando para alcanzar medidas que garanticen una reparación integral en torno a la memoria de Julio César, docente, líder social y político, y concejal soachuno. Su familia merece verdad y justicia.