Comunicación y RRPP

La Corte Constitucional dejó sin efectos la sentencia del Consejo de Estado que negó la reparación a la familia del concejal de Soacha, Julio César Peñaloza, asesinado en el mismo atentado en que murió el candidato presidencial Luis Carlos Galán.

Esto implica que, además de adoptar una nueva decisión, el Consejo no podrá desconocer la responsabilidad del Estado y deberá decir cuáles conceptos se reparan y quiénes serán los obligados a hacerlo.

Nos reunimos con Representantes y algunas UTL (Unidad Técnica Legislativa) para socializar la importancia de la aprobación en la Cámara del Protocolo Facultativo de la convención contra la tortura de Naciones Unidas.

Este Protocolo busca erradicar cualquier forma de tortura en Colombia y garantizar que las cárceles, clínicas de psiquiatra, centros de rehabilitación, centros de detención de jóvenes y centros de asistencia social en general sean espacios seguros y garantistas de los derechos humanos.

Diecisiete organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas, nos unimos para hacer una comisión de seguimiento al cumplimiento de la sentencia SU-546 de 2023, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos de las personas defensoras y de líderes y lideresas sociales, y llamó la atención sobre la urgencia de tomar medidas para cesar esa situación de violencia.

Desde la comisión de seguimiento manifestamos nuestra disposición para construir canales de interlocución y consolidación de propuestas en conjunto con quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos, así como con las comunidades, con el propósito de que contribuyan, desde una perspectiva de género y territorial, al seguimiento de la grave situación que enfrentan las personas defensoras.

La Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio de Yolanda Paternina, fiscal segunda especializada en Sincelejo, como un crimen de lesa humanidad.
Este delito es considerado como una grave violación a los derechos humanos que no solo tiene impacto en las víctimas directas sino también en la sociedad por atentar contra principios fundamentales.

Esto, además, implica que la Fiscalía tiene que seguir investigando el caso y no podrá ampararse en el paso del tiempo para detener las labores dirigidas a esclarecer los hechos.

La violencia contra líderes/as sociales y personas defensoras de derechos humanos en Colombia no cesa, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2024 se registraron 40 asesinatos. Conoce mas detalles sobre la frecuencia de los crímenes, y los departamentos y sectores más victimizados en la última publicación de nuestra Base de Datos de Violencia Sociopolítica. 

Junto a organizaciones de la sociedad civil suscribimos un documento para insistir en que el Congreso respete los mínimos que están contemplados en el Proyecto de Ley 156 de 2023 que reglamenta la Jurisdicción Agraria.

Insistimos en la importancia de la creación de esta Jurisdicción a través de siete elementos fundamentales, que puede conocer en nuestra publicación.

Participamos en la presentación de la herramienta “El Derecho a Defender Derechos”, del Instituto Danés de Derechos Humanos, que busca monitorear de manera sistemática el ambiente propicio para ejercer la defensa de los derechos humanos en Colombia. 

La Comisión Colombiana de Juristas está implementando esta herramienta a través de un proceso de recolección, sistematización y análisis de datos, cuya finalidad es hacer visible la situación de las personas defensoras de derechos e identificar los avances y retos a nivel de legislación y política pública.