Comunicación y RRPP

Hoy publicamos el Boletín semestral "Violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia", un informe corto sobre la situación registrada entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020. Durante el primer semestre de este año el panorama de violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, sus comunidades y organizaciones se caracterizó por la agudización de la violencia en medio de las dificultades en la implementación del Acuerdo Final de Paz y por la crisis humanitaria generada con ocasión de la pandemia.

El pasado 14 de septiembre, se llevó a cabo la Clínica jurídica regional sobre la situación de seguridad de los liderazgos sociales en el Sur de Córdoba. Un evento convocado por la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (ASCSUCOR), la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS), la Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario (CORSOC) y la Comisión Colombiana de Juristas, con el apoyo del programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID.

269 organizaciones nacionales, 26 internacionales y 662 personas nos sumamos al llamado de las Plataformas de derechos humanos (la Alianza, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y la Plataforma DHESCA) y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para expresar nuestra condena y contundente rechazo ante la barbarie y crueldad a la que fue sometida la ciudadanía bogotana en la noche del 9 de septiembre, Día Nacional de los Derechos Humanos. También la Comisión Colombiana de Juristas envió, a nombre de las tres plataformas, información a tres relatores de la ONU sobre los hechos de la semana pasada.

Once organizaciones, dos plataformas y el senador Iván Cepeda interpusimos una queja disciplinaria y solicitamos a la Procuraduría General de la Nación, la suspensión inmediata de sus cargos del Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, el Comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Oscar Gómez, el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez Cortés, Comandante Encargado (e) de la Policía Metropolitana de Bogotá y el Teniente Coronel Edgar Correa, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, como medida de prevención y protección a la comunidad, y así prevenir que los hechos del 9 de septiembre vuelvan a repetirse.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado colombiano cumplir su obligación de tramitar de forma diligente y expedita la solicitud de extradición del ex paramilitar Salvatore Mancuso. La decisión se adoptó en respuesta a una solicitud formulada el pasado 21 de agosto por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),  en representación de las víctimas del caso de Pueblo Bello; y la CCJ y el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) en representación de las víctimas de los casos de Valle Jaramillo y de las masacres de Ituango.

Entre 2001 y 2008 fueron asesinadas en Boyacá casi un centenar de personas en diferentes hechos que comprometen la presunta responsabilidad de agentes de la fuerza pública; estos crímenes están documentados en el informe “Boyacá: Sembrando justicia, memoria y dignidad”, entregado por la Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –Cajar-, el Colectivo Vida, Memoria y Dignidad y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –Movice- a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP- y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad.

Video explicativo sobre mitos y realidades alrededor de la JEP. Este hace parte de una serie de audiovisuales producidos por la CCJ, y apoyados por PNUD, para hacer pedagogía sobre cómo avanza la Jurisdicción.

Con el título El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia, más de 500 organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos, de las que forma parte la CCJ, presentamos el balance del segundo año de gobierno del presidente Iván Duque, en donde se señala el grave retroceso en derechos humanos, el aumento de la violencia y el desgobierno frente a la emergencia derivada del Covid -19.