Incidencia Internacional

Informe "El desgobierno del Aprendiz: autoritarismo, guerra y pandemia"

Balance del segundo año del gobierno del presidente Iván Duque

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- Medidas para enfrentar la emergencia del Covid-19 han generado concentración del poder en el ejecutivo fortaleciendo un ejercicio autoritario y arbitrario de gobierno.

- Es notable la expansión de grupos armados ilegales y del narcotráfico, especialmente del paramilitarismo, lo que ha causado aumento de la guerra, el regreso de las masacres y el aumento de la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes y líderes sociales.

- La respuesta oficial a la protesta social fue desmesurada. Se presentaron actos violentos diferenciados en contra las mujeres, violencias racistas, agresiones físicas y verbales especialmente dirigidas hacia la población joven.

Bogotá 9 de septiembre de 2020. Con el título El desgobierno del aprendiz: Autoritarismo, guerra y pandemia, más de quinientas organizaciones sociales y no gubernamentales agrupadas en tres plataformas de derechos humanos[1] presentaron su balance del segundo año de gobierno del presidente Iván Duque, en donde señalan el grave retroceso en derechos humanos, el aumento de la violencia y el desgobierno frente a la emergencia derivada del Covid -19.

Según este balance, el segundo año del Gobierno Nacional se ha caracterizado, entre otras cosas, por medidas excepcionales como respuesta a la pandemia del Covid-19. Con esta excusa se concentraron facultades extraordinarias del ejecutivo, que en los primeros 3 meses expidió 164 decretos de los cuales apenas 11 se relacionaron directamente con el sistema de salud.

Esta realidad ha tenido varias consecuencias y quizás la más grave es que el presidente Iván Duque ha gobernado por decreto en un sinnúmero de temas sin el respectivo control del Congreso y la Corte Constitucional, alterando el equilibrio de poderes.

En el ámbito económico y financiero, las políticas generadas durante la pandemia, señala el informe, “se refleja una diferenciación profunda en la destinación de recursos del Fondo para la Mitigación de Emergencias (FOME) puesto que se han designado 60 billones de pesos en garantías de crédito para el sistema financiero, frente a 0.96 billones asignados al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud”. Para las Plataformas de derechos humanos, esto solo demuestra como el Gobierno actual ha antepuesto los intereses de lucro privado sobre el interés público, en lo que denominan un cogobierno corporativo.

Las medidas adoptadas benefician principalmente a las entidades financieras, seguidas de las grandes empresas mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas –Mipymes- pese a representar el 96% de la totalidad de empresas de Colombia han quedado en un tercer plano, sin un lugar claro frente a las y los trabajadores. Además, se ha registrado cómo la intermediación financiera ha redundado en que los bancos utilicen recursos públicos en créditos con tasas cercanas a la usura, ampliando su margen de utilidad precisamente en un momento que supone la peor recesión en toda la historia del país.

En cuanto al manejo de los recursos de la pandemia, el informe señala que el Gobierno Nacional solo ha ejecutado el 12% del presupuesto destinado a conjurar la crisis: de $29.6 billones del presupuesto para atender la emergencia sólo se han ejecutado $3.6 billones, la mayoría mediante la intermediación financiera: $2.3 billones. Para las plataformas de derechos humanos, “no es posible encontrar una explicación razonable que excuse la baja ejecución de los recursos previstos para atender esta crisis; el ministerio de Hacienda cuenta con $26.3 billones congelados con los que podría financiar tres meses de renta básica a unos nueve millones de hogares”.

Desde la orilla de los sectores populares y la clase trabajadora la renta básica se ha constituido en una importante demanda social que cuenta hoy con cuatro proyectos de ley, pero ninguno ha sido aprobado ante la desidia de las mayorías del Congreso y el desinterés absoluto del Gobierno Nacional. Mientras tanto, según el DANE el 54.7% de la población económicamente activa (es decir, 23.3 millones de personas) hacen parte de la economía popular, 12.2 millones son informales (por lo tanto, viven del día a día y no tienen ninguna capacidad de ahorro). La cifra de desempleo rozó el 20% en el mes de abril de 2020, es decir que más de 5.5 millones de personas pasaron a convertirse en desempleadas, el 23.5% en las 13 ciudades principales, incluyendo un preocupante 25.8% en Neiva y 25.1% en Ibagué.

El informe también llama la atención sobre la ausencia de medidas diferenciadas de acuerdo con las necesidades específicas de las regiones. Esta crisis ha visibilizado las deplorables condiciones laborales y de trabajo del personal de salud de una gran cantidad de centros de salud en las regiones.

En materia de Conflicto, orden público y derechos humanos, según el balance del segundo año del presidente Duque, es notable la expansión de grupos armados postdesmovilización, en especial en las zonas donde ya no hacen presencia la antigua guerrilla de las Farc-EP. Allí se destaca la presencia de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC/Clan del Golfo), “Los Rastrojos”, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Los Pachenca), los Caparrapos (sucesores de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá) y La Constru (sucesores del frente Sur del Putumayo de las AUC). Estima el informe que Las AGC tienen presencia en 22 de los 32 departamentos del país y en 29 de ellos, es decir, en aproximadamente el 90% del territorio nacional, se ha registrado alguna presencia de esta u otras organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

Este panorama hace del año 2019  uno de los más violentos contra las personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con los registros del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos –SIADDHH- del Programa Somos Defensores, durante este año se registraron 844 agresiones individuales, de las cuales 124 corresponden a homicidios. Esta cifra revela un incremento de casos del 4,8%, frente al año 2018 en el que se documentaron 805 agresiones. Del total de las agresiones en 2019, 74.4% fueron amenazas, 14.6% asesinatos, 6% atentados, 3.4% detenciones arbitrarias, 0.8% robos de información, 0.3% desapariciones y 0.1% judicializaciones. La mayor parte de estos hechos se dirigieron contra liderazgos relacionados con la defensa de la tierra y el territorio y, por ende, hubo incremento de ataques contra los liderazgos indígenas, con 271 casos.

En cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz el informe señala que, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de junio, han sido asesinados 25 excombatientes, 220 desde la firma del Acuerdo, y se presentaron 39 atentados y 14 desapariciones forzadas de firmantes del Acuerdo.

Con respecto a la financiación de los acuerdos, el 9% de los recursos financieros para la implementación dependen de la cooperación internacional, y de estos la mayor cantidad de recursos se asignaron al punto 4, Solución al Problema de Drogas Ilícitas (donde aun así se presentan incumplimientos con las comunidades acogidas al PNIS) mientras que para el punto 3, Fin del Conflicto, que incluye las medidas de reincorporación económica, política y social de las y los excombatientes de las Farc-EP y las garantías de seguridad, solamente se destinaron el 3.4% de los recursos de cooperación internacional.

Por su parte, importantes logros del Acuerdo Final como la existencia de un capítulo étnico racial, se encuentran desfinanciados y se registra solo un 12.14% de avance en el cumplimiento de las metas trazadas por este enfoque, seguido por el enfoque de género con 23.65%, los PDET con 23.88% y un total general del 27.08%, tras casi cuatro años de la firma del Acuerdo Final.

Según el balance, a tres años de la firma del Acuerdo Final, puede decirse que solo se ha completado el 4% de lo pactado y apenas un 10% adicional está iniciando. Frente al 86% restante, poco o nada se está haciendo. El punto 1 (reforma rural integral) del Acuerdo Final es el que presenta los más bajos indicadores de implementación.

Sobre la protesta y las garantías democráticas, uno de los momentos de mayor auge de la protesta social de los últimos años fue el del Paro Nacional que inició el 21 de noviembre de 2019,  que articuló a múltiples organizaciones sociales, populares, sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, feministas y de los sectores LGBTI, entre otros, para rechazar una serie de reformas laborales y pensionales de carácter regresivo por parte del gobierno de Duque y en defensa del incumplimiento de los Acuerdos de Paz.

Esta importante ola vino acompañada de una fuerte represión. Se presentaron detenciones arbitrarias, agresiones por parte de la fuerza pública contra civiles (ente agosto de 2019 y junio de 2020 se cuentan 554 personas heridas, de las cuales 21 casos corresponden a problemas de asfixia por  gas lacrimógeno, y 22 a lesiones oculares) También se registran actos violentos diferenciados en contra las mujeres (acoso y otras formas de violencia sexual), violencias racistas y agresiones físicas y verbales especialmente dirigidas hacia la población joven.

Por otra parte, en 2019 se realizaron las elecciones de autoridades locales en donde debe resaltarse que las campañas se dieron en medio de una difícil situación de seguridad. Durante los tres meses de campaña electoral (27 de julio de 2019 – 25 de octubre de 2019) se registraron 135 hechos de violencia contra personas candidatas, siendo el partido más violentado la Colombia Humana – UP con un total de 22 hechos (16,3%). Aunque el gobierno diseñó un Plan de Acción Oportuna (PAO), éste carecía de medidas preventivas y hubo un incremento del 40% en el número de candidatos asesinados, respecto a la elección anterior de 2015.

En cuanto a las dinámicas migratorias, el cierre de pasos fronterizos oficiales en el 2019 y el anuncio del gobierno colombiano de no penalizar el tránsito por los pasos informales, reconfiguró las dinámicas de flujos migratorios en la frontera, incentivando el tránsito a través de las denominadas trochas y generando con ello una nueva renta ilegal.

Cabe destacar que, la tasa de desempleo en los departamentos fronterizos es cinco veces mayor que el promedio nacional y la tasa de informalidad en el empleo asciende al 80%; 20% más que el promedio nacional. Los municipios de frontera tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) promedio del 52.81%, mientras que el promedio nacional es del 27.7%. A pesar de las necesidades sociales que esto supone, el énfasis de las políticas de frontera de este gobierno está puesto casi exclusivamente sobre la seguridad y el orden público.

El informe elaborado por 34 académicos con el respaldo y aportes de las organizaciones defensoras de derechos humanos es el segundo que se presenta durante el mandato del presidente Iván Duque y hace parte de una colección de informes que han elaborado las plataformas con el fin de hacer una contribución al debate nacional sobre la situación de derechos humanos y las transformaciones necesarias para su plena vigencia.

 

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