Comunicación y RRPP

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Priscila Hernández, víctima de secuestro, murió esperando atención en salud digna para tratar su enfermedad

Viernes 10 de diciembre de 2021

Bogotá, 10 de diciembre de 2021. El pasado 7 de diciembre se cumplieron seis años del secuestro de Priscila Hernández Perdomo y de sus hermanas. Priscila fue la primera hija de una familia de campesinos de escasos recursos. Con la firme intención de superarse aprendió de costura, lo que le permitió solventar los gastos de su familia mientras terminaba un técnico en auxiliar de enfermería.

En el 2015, con el Acuerdo de Paz gestándose y la esperanza cercana de un escenario de posconflicto, ella y sus hermanas decidieron volver a una finca que tenían en San José de Fragua (Caquetá) para recuperar lo que algún día les arrebató la guerra. De ese mismo municipio huyeron en 2001 por amenazas de integrantes del Bloque Sur de las extintas FARC-EP. Durante su retorno a ese predio fueron retenidas por integrantes del Frente 19, quienes les manifestaron que esas tierras ya no les pertenecían.

Como retaliación, los miembros del grupo armado las secuestraron tres días, tiempo que permanecieron en un cambuche; luego les permitieron marcharse con el compromiso de que nunca volverían. Regresaron a Neiva con la certeza de que ni siquiera la paz les devolvería la vida que dejaron en Caquetá.

Su familia tuvo que huir una vez más de la violencia con el enorme desafío de enfrentar otras luchas y adversidades. Después de vivir episodios de tanto dolor, incertidumbre y miedo, en agosto de 2021 tuvo que hacerle frente a otra guerra: la de la salud. Al principio le indicaron que sus síntomas eran producto del Covid, pero después de un tiempo, y luego de someterse a unos exámenes, le diagnosticaron cáncer de estómago.

En ese momento su hija Maira envió un derecho de petición e interpuso una tutela con copia al juzgado de Neiva y a la Superintendencia Nacional de Salud. Como respuesta a estas solicitudes, a Priscila le realizaron una endoscopia en la que confirmaron que el cáncer había hecho metástasis y que su hígado estaba comprometido completamente.

Después de esto, Maira se acercó a la EPS Sanitas y a la unidad oncológica del Huila y pidió de todas las formas posibles ayuda para tratar el cáncer de su madre. Sin embargo, la negligencia del sistema de salud empeoró mucho más la situación de Priscila. El oncólogo, que solo le dio “dos semanas de vida” y la envió a un médico paliativo, solamente le recetó acetaminofén y otros tratamientos que no respondían de forma adecuada a sus dolencias.

El 7 de noviembre Priscila perdió la lucha contra el cáncer. Falleció sin que los hechos de su secuestro y el de sus hermanas fueran investigados, sin responsables juzgados. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) nunca la acreditó como víctima por el secuestro, y mucho menos recibió reparación por alguna entidad del Estado. 

El 10 de noviembre, tres días después del fallecimiento de Priscila, la EPS Sanitas contestó el derecho de petición, solicitando apoyo de enfermería para brindarle cuidados paliativos y pañales; una semana después llegó la cita de oncología para iniciar el tratamiento. Las hermanas e hija de Priscila coinciden en que su muerte se hubiera podido evitar, pues aún no tenía comprometida la zona bilial y podía ser operada para tratar el cáncer.

Como parte de la Ley 1448 de 2011 se creó el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), el cual contempla que las personas que fueron blanco de algún hecho victimizante en el contexto del conflicto armado deben ser priorizadas en el sistema de salud. Asimismo, la sentencia T-045-10 ordenó al Ministerio de Protección Social y a las entidades encargadas de prestar los servicios de salud a nivel territorial definir unos protocolos, programas y políticas para brindar asistencia médica a las víctimas, sus familias y comunidades de forma diferencial, pero esto no ha ocurrido. Infortunadamente, en la práctica ninguna de estas dos disposiciones se está cumpliendo. 

La historia de Priscila Hernández es una muestra de que las víctimas del conflicto armado en Colombia, además de vivir la realidad cruenta de una guerra armada, tienen que enfrentar otros desafíos que solo les revictimizan, entre ellos la violación y negación de sus derechos, en este caso el del acceso a la salud, a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas seguiremos acompañando a esta familia en el escabroso camino de reparación.