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Conexión CCJ Edición #8

Jueves 21 de enero de 2021

 

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De la serie “Herramientas para la incidencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia”, presentamos la cartilla No. 3: Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia.

La presente cartilla contiene los puntos claves del informe de la visita para verificar la situación de personas defensoras, líderes y lideresas sociales en Colombia presentado por la CIDH el 6 de diciembre de 2019. En este texto se exponen aquellos liderazgos que se encuentran en riesgo, las obligaciones que el Estado colombiano debe cumplir para la protección, respeto y garantía de los derechos de las personas defensoras, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión para el cumplimiento de dichas obligaciones.
Cartilla #3
BOLETÍN DICIEMBRE: Situación de las personas defensoras, líderes y lideresas del pueblo afrocolombiano. Este documento, elaborado conjuntamente por la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A) y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), presenta los antecedentes y el contexto en el cual continúan las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras, líderes y lideresas del pueblo afrocolombiano. En este se mencionan diversos escenarios en los cuales se ha reconocido al pueblo afrocolombiano como sujeto colectivo de derechos y se han demandado garantías para  su permanencia y  vida en condiciones dignas.
Boletín completo
El pasado jueves 3 de diciembre de 2020, la Comisión Colombiana de Juristas lanzó la serie audiovisual "Volver a nuestras tierras, un derecho inaplazable", compuesta por nueve relatos audiovisuales sobre la restitución de tierras y los derechos territoriales en Colombia, producidos durante 2020, en medio de la pandemia y con un componente que la hace muy especial: la participación directa de las comunidades, no solo como protagonistas de estas historias, sino también como productoras de los videos.
 
Esta producción se hizo gracias al apoyo de la Embajada de Suecia y el Programa para una Paz Sostenible de USAID.
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La CCJ, que participó en la tutela para proteger la protesta, expresó junto con otras organizaciones cinco preocupaciones sobre el decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública en las manifestaciones, pues no cambia en los sustancial las condiciones que propician el abuso de autoridad.

En la sentencia STC-7641-2020 del 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó al presidente Iván Duque convocar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”. Aunque la CCJ hizo presencia en esta mesa, algunos puntos que se propusieron no fueron tenidos en cuenta en el Decreto 003 del 5 de enero de 2021, con el cual el Gobierno pretendió cumplir las órdenes de la Corte.
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El Movimiento Ríos Vivos, en compañía del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, instauró el 12 de enero de 2021 una demanda de reparación directa con la intención de conseguir la restauración integral de las comunidades afectadas como consecuencia del desastre ambiental originado por Hidroituango en 2018. Con esta acción se busca reparar integralmente a más de 600 miembros del Movimiento que resultaron damnificados por las deficiencias en el diseño, la implementación, estructuración y construcción del megaproyecto hidroeléctrico, así como la recuperación del medioambiente. 
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La Comisión Colombiana de Juristas, de manera conjunta con el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes, elaboró y presentó el pasado 7 de enero de 2021 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Nikita Simonne Dupuis-Vargas Latorre, persona transgénero que desde 2012 le solicitó a su EPS la cirugía de afirmación sexual; sin embargo, en varias ocasiones le exigieron un certificado de “disforia de género” para iniciar el proceso. Durante el trámite para obtener estos certificados, Nikita se enfrentó a situaciones degradantes que buscaron patologizar su identidad de género.
 
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