Litigio en tierras y derechos territoriales

Después de cinco años de la sentencia SU-235, campesinos de la Hacienda Bellacruz persisten en la lucha por su territorio

Bogotá, 12 de mayo de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) representa judicialmente a 40 familias campesinas del sur del Cesar, en el marco de varios procesos de restitución de tierras que se adelantan sobre diferentes predios ubicados en la Hacienda Bellacruz, hoy conocida como Hacienda La Gloria.

De manera simultánea, la CCJ, en representación de la Asociación de Campesinos Desplazados al Retorno  - ASOCADAR-, hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia SU-235 de 2016 de la Corte Constitucional que, además de ser un precedente histórico en materia de baldíos en el país, reconoció al campesinado de la Hacienda Bellacruz como sujeto de especial protección constitucional. Asimismo, la Corte evidenció la vulneración de derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la vida, a la vivienda y al trabajo en condiciones dignas de esta comunidad que hace más de 30 años ha ocupado estos territorios del Cesar.

En su decisión, la Corte Constitucional emitió órdenes concretas a la Agencia Nacional de Tierras, dirigidas a recuperar los baldíos indebidamente ocupados por el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A, y a iniciar los procesos de adjudicación de baldíos a favor de los campesinos sujetos de reforma agraria.

Pese a que la sentencia SU -235 fue proferida hace cinco años, las órdenes no han sido cumplidas y además están suspendidas como resultado de una decisión adoptada en el proceso de revisión de asuntos agrarios. Este trámite cursa actualmente en la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del cual se ordenó la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones No. 0481 y 3322 de 2013, por medio de las cuales el INCODER declaró indebidamente ocupados los predios ubicados en jurisdicción de los municipios La Gloria, Pelaya y Tamalameque en el departamento Cesar, y frente a los cuales determinó iniciar el procedimiento de recuperación de baldíos.

Actualmente, los campesinos y campesinas de la hacienda Bellacruz continúan en pie de lucha, pese a las múltiples trabas judiciales que han impedido la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación lleven a cabo una audiencia de seguimiento a la sentencia SU-235 del 2016. Con esto esperamos que se garanticen los derechos fundamentales de esta comunidad que, además de afrontar problemáticas territoriales, hoy se enfrenta a una crisis socioeconómica que se ha agudizado por la pandemia.