Litigio en tierras y derechos territoriales

Familias campesinas no han podido volver a las tierras de las que salieron hace 20 años por el conflicto armado

Bogotá, 15 de julio de 2024. Trece familias desplazadas hace más de veinte años ansían volver a las tierras de las que huyeron por la violencia del conflicto armado.

Macaraquilla es una vereda ubicada en el departamento Magdalena. En 1984, un grupo de familias campesinas provenientes del municipio Aracataca llegaron a Porvenir, un predio dentro de Macaraquilla, buscando tierra fértil para trabajar. 

Poco tiempo después de habitar esas tierras, la Policía las desalojó por solicitud de los terratenientes de la región, quienes acusaron a las familias campesinas de ser auxiliadoras de la guerrilla.

Después de ese primer desplazamiento, las y los campesinos decidieron luchar por la tierra que habían empezado a cultivar, por lo cual fueron al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), ahora Agencia Nacional de Tierras (ANT), para que les adjudicaran las parcelas de los predios El Porvenir y Santa Barbara.

En 1990 el Incora expidió las resoluciones que certificaban formalmente la propiedad a las familias campesinas. Sin embargo, la dicha duró poco. Entre 2001 y 2004 las familias campesinas se vieron obligadas a abandonar de nuevo su hogar por las amenazas de paramilitares que asesinaron a algunas personas de la comunidad. Por ese motivo, a partir de 2003 se vieron obligadas a vender sus parcelas a precios insignificantes.

Los pobladores de Macaraquilla presentaron una solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras por el despojo de sus parcelas en 2013, pero solo 9 años después el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena ordenó la restitución material de algunos predios reclamados por la comunidad.

Sin embargo, la victoria no fue completa, pues 11 de las parcelas ubicadas en El Porvenir y Santa Barbara fueron considerados sitios Ramsar.

¿Qué es un sitio Ramsar? Son zonas de humedales de importancia internacional y espacios donde se concentra mucha biodiversidad. Por este motivo, la entrega de los 11 predios está condicionada al uso que se le va a dar a la tierra, para evitar cualquier impacto medioambiental negativo.

Solo dos de los terrenos incluidos en la sentencia de restitución han sido entregados; todavía hay 11 familias conformadas en gran parte por adultos mayores que están esperando retornar a las tierras de las cuales los despojaron.

La comunidad campesina ha destacado que va a retornar a sus parcelas para vivir y desarrollar agricultura familiar de bajo impacto ambiental, por lo cual no existe incompatibilidad con la zona Ramsar.  Como representante de estas familias, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) hace un llamado urgente al Tribunal de Cartagena para que ordene la entrega material de la tierra restituida cuanto antes.

 Comisión Colombiana de Juristas