Incidencia Internacional

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Informe alternativo al sexto examen periódico de Colombia ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas

Martes 30 de mayo de 2023

Para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2022 Colombia siguió incumpliendo sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención contra la Tortura y Otras Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y no ha acatado las recomendaciones formuladas por el CAT en la última revisión.

En Colombia persisten los patrones de sistematicidad en la realización del delito de tortura y de TPCID en contra de sectores y poblaciones vulnerables, entre ellos, niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; personas privadas de la libertad; defensoras y defensores de derechos humanos; adultos mayores; mujeres y población LGBTIQ+. La tortura es usada tanto por actores armados ilegales como por el Estado para constreñir, silenciar y estigmatizar el ejercicio de distintos derechos. Persiste la invisibilización de actos de tortura o de TPCID cuando se cometen concomitantemente con otros delitos o violaciones conexas. Los índices de impunidad y de falta de reparación a las víctimas siguen siendo alarmantes, y preocupa especialmente la falta de herramientas estatales de monitoreo sobre este delito y el subregistro existente.

En este periodo se presentaron tres circunstancias que influyeron en que la lucha contra la tortura en el país fuese más precaria. En primer lugar, el confinamiento por la pandemia ocasionada por el COVID 19 propició nuevos escenarios para la comisión del delito de tortura o de TPCID e intensificó la comisión de este delito en escenarios previamente identificados, como en los establecimientos donde están recluidas las personas privadas de la libertad.

En segundo lugar, durante las movilizaciones sociales que se presentaron en el país y que fueron reprimidas desproporcionalmente por agentes del Estado, se cometieron actos de tortura y TPCID como mecanismo para impedir el ejercicio del derecho a la protesta.

En tercer lugar, el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz y de la disputa territorial entre diferentes actores del conflicto han generado un incremento de las violaciones a los derechos humanos y han hecho que los patrones de tortura identificados en el informe anterior sigan presentándose en especial contra las mujeres y las niñas víctimas de violencia sexual.