Litigio penal

"No nos queremos morir sin saber dónde está nuestro hijo": familia Morales Tejada

Víctimas le piden a la UBPD y a la Fiscalía continuar buscando a sus seres queridos desaparecidos en El Copey.

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Bogotá, 15 de noviembre de 2022. Pese a que el alcalde de El Copey negó la presencia de restos de víctimas de "falsos positivos" y paramilitares en el cementerio alterno de El Copey (Cesar), en solo tres meses la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 39 cuerpos. Las familias buscadoras en el predio le solicitan a esta entidad que continúe con esta labor y que la Fiscalía cumpla con los llamados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre definir un plan de trabajo para abarcar el resto del terreno que le corresponde intervenir.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP otorgó medidas cautelares sobre este predio desde 2020, cuando se ordenó a Francisco Meza Altamar, alcalde del municipio El Copey, suspender la manipulación, traslado, inhumación y exhumación de las estructuras óseas que reposan allí. Esto, después de verificar que se estaban excavando fosas para enterrar a las víctimas fatales de Covid-19.

Durante su campaña a la Alcaldía, Meza Altamar prometió al municipio que iba a construir un camposanto, desestimando la importancia forense del predio en el que se presume están enterradas decenas de víctimas de paramilitares y de la fuerza pública, entre ellas Óscar Alexander Morales Tejada, Octavio Bilbao Becerra y German Leal Pérez. Ellos tres fueron asesinados y posteriormente desaparecidos por integrantes del batallón de La Popa el 16 de enero de 2008.

Tras varias denuncias que hizo la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) por el incumplimiento de estas órdenes, la JEP ratificó las medidas cautelares en mayo de 2022. Además de solicitar el inicio de las intervenciones forenses y la protección del terreno, esta Jurisdicción le pidió al GRUBE* de la Fiscalía remitirle el plan de trabajo para la prospección en zonas complementarias y aquellas donde no habrá intervención de la UBPD. Aunque para esto tenía un mes de plazo, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta clara por parte de esta entidad para continuar las diligencias de búsqueda que empezó la Unidad en junio de este año.  

Ahora que la UBPD terminó la primera fase de su plan de trabajo, las familias de las víctimas que están enterradas allí le piden a esta entidad del Sistema Integral para la Paz continuar con el resto del terreno que falta; también le exigen a la Fiscalía cumplir con las órdenes de la JEP y hacer prospecciones en los predios que no serán abordados por la Unidad de Búsqueda.  

Como parte del proceso que se está adelantando en el caso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estad0), la JEP trasladó a la CCJ, representante de la familia Morales Tejada, 39 versiones voluntarias de uniformados del batallón La Popa que participaron en estos y otros hechos violentos. Al respecto, Doris Tejada y Darío Morales, padres de Óscar Alexander, resaltaron que no quieren morir sin saber dónde está enterrado su hijo.

“Para nosotros es importante que los militares implicados reconozcan públicamente que cometieron estos delitos y que mancharon el buen nombre de nuestro ser querido. No queremos que sigan escondiendo la verdad y por eso necesitamos que aclaren quiénes participaron directamente, quiénes se beneficiaron y quiénes dieron la orden desde los altos rangos hasta los soldados”, subrayó la familia Morales Tejadas en sus observaciones a las versiones voluntarias de estos 39 integrantes del Ejército. 

Además de estas peticiones, los familiares de Óscar Alexander, uno de los jóvenes que está enterrado en El Copey, pidieron a la JEP convocar a los militares Ángel Duque (cabo de Bombarda 1), al suboficial Julián Díaz Medina (teniente comandante de escuadra), al mayor Mauricio Ruíz Espinoza (jefe de operaciones) y a los soldados José Granados Peñaranda (Bombarda 1), Jarid España Medina (Bombarda 1) y Norberto Barahona Pinto (Bombarda 1), así como a los demás uniformados que hayan sido nombrados en versiones voluntarias por otros militares que ya comparecieron.     

Las familias siguen esperando una respuesta sobre el paradero de sus seres queridos; llevan años viviendo con la incertidumbre de saber dónde están sus hijos, esposos, nietos y hermanos. También le piden al alcalde Meza Altamar que cumpla lo pactado y apoye las diligencias de prospección, como se acordó en reunión con la JEP y la UBPD.

Comisión Colombiana de Juristas

*Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas de la Fiscalía General de la Nación.