Litigio penal

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La CCJ entregó a la JEP informe sobre víctimas de 'falsos positivos' en Antioquia, Santander y Cundinamarca

Viernes 03 de junio de 2022

Bogotá, 3 de junio de 2022. El pasado 21 de marzo de 2022, la Comisión Colombiana de Juristas entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe de cuatros casos que acompaña, relacionados con ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Ejército Nacional en tres departamentos de Colombia: Antioquia, Santander y Cundinamarca; dos de los cuatro casos corresponden a unidades militares que todavía no se han priorizado en la Jurisdicción, mientras que los otros  se ubican dentro de los criterios de priorización de la JEP (tanto de territorio como de responsables), pero uno no está dentro del periodo establecido por la justicia transicional.

En tres casos los militares presentaron solicitud de sometimiento ante la JEP. Además, en dos se suspendieron las investigaciones en la justicia ordinaria y se activó el procedimiento ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el cual no ha garantizado los derechos de las víctimas. La CCJ entregó esta información para que en la próxima ronda de priorizaciones al interior del caso 003 se tengan en cuenta estos hechos y se incluyan para su análisis, investigación y juzgamiento.

Dentro del documento también se hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que continúe las investigaciones y lleve a cabo la audiencia de acusación a los militares involucrados en estos crímenes.

El informe entregado a la JEP es producto del ejercicio de sistematización de expedientes judiciales, documentos extraprocesales y relatos de las víctimas en cuatro casos correspondientes a los homicidios de cinco personas: Omar Leonardo Triana, Luis Albeiro Avendaño, Reinaldo Pozo, Deiby Pisa (menor de edad) y Jonás Ariza. La responsabilidad de estos hechos es atribuida a integrantes del Batallón General Pedro Nel Ospina y el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral, adscritos a la Brigada Cuarta de la Séptima división; el Batallón de Infantería No. 41 Rafael Reyes Prieto, adscrito a la Brigada Quinta de la Segunda División y el Grupo de Caballería Mecanizado No. 13 Rincón Quiñones, adscrito a la Brigada Trece de la Quinta División.

Dentro de los hallazgos se identificó que, de las cinco víctimas, dos eran campesinos, dos eran jóvenes que estaban en búsqueda de un empleo y uno tenía farmacodependencia, además era habitante de la calle, pero trabajaba en oficios varios. Esto permite concluir que los militares seleccionaron a víctimas que se encontraban en estado de vulnerabilidad.

En la fase de planeación del homicidio se encontró que en tres de los cuatro casos las operaciones estaban sustentadas con informes de inteligencia que contenían información falsa. En esos documentos se relacionan arbitrariamente a las víctimas con grupos armados ilegales.

En la fase de ejecución se identificó que cuatro de los cinco hombres asesinados fueron sacados de su residencia o de lugares públicos cercanos a su domicilio, sin orden judicial ni mediar situación de flagrancia. Además, se encuentra la implantación de material bélico a las víctimas para dar apariencia de veracidad al combate.

Entre las acciones realizadas con posterioridad al homicidio, la CCJ identificó que en los cuatro casos las víctimas fueron registradas como no identificadas y no se emprendieron acciones tendientes a la identificación ni entrega a sus familiares. Además, la escena de los hechos fue alterada, poniéndoles prendas que no les pertenecían.

Adicionalmente, la jurisdicción penal militar y los comandantes de los batallones jugaron un papel muy importante, toda vez que realizaron acciones para proteger el aparato criminal, archivando las investigaciones y eliminando así la posibilidad de cualquier tipo de sanción a los militares responsables de las ejecuciones extrajudiciales.

Dentro del informe, la Comisión Colombiana de Juristas le solicitó a la JEP, entre otras: reconocer la calidad de víctimas a las personas mencionadas en el informe, llamar a versión voluntaria a los comandantes de la plana mayor de las unidades militares relacionadas y pedir a los uniformados que han comparecido que aporten verdad plena y exhaustiva, y reparen de forma temprana a las víctimas de estos crímenes.

Comisión Colombiana de Juristas