Litigio penal

En 1990, 43 campesinos fueron desaparecidos por paramilitares y miembros de la fuerza pública

Se cumplen 32 años de esta masacre y las familias de las víctimas desconocen el paradero de sus seres queridos.

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Bogotá, 18 de enero de 2022. Durante los últimos tres meses de 2021, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) acompañó unas diligencias de búsqueda y prospección lideradas por la Fiscalía General de la Nación en el cementerio San Antonio, en Montería (Córdoba). Estas labores tenían como propósito hallar algunos de los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada de la masacre del corregimiento Pueblo Bello (Antioquia), perpetrada el 14 de enero de 1990 y orquestada por paramilitares al mando de Fidel Castaño en connivencia con miembros del Batallón de Infantería No. 32 Francisco de Paula Vélez. Las familias esperan la socialización de los resultados de las diligencias en los próximos meses.

El 31 de enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) profirió una sentencia sobre este caso, en la que determinó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las familias de los campesinos asesinados.

El organismo internacional también ordenó la construcción de un monumento en un plazo no mayor a 12 meses a partir de notificada la sentencia; sin embargo, el Estado colombiano se demoró 16 años para conseguir la documentación básica que diera paso a la construcción de esta estructura simbólica (que todavía no ha empezado a edificarse); los avances en el recaudo de la documentación se dieron por la participación de las víctimas en reuniones con agentes estatales.

Entre otras solicitudes, la Corte IDH ordenó brindar gratuitamente como medida de reparación “el tratamiento médico y psicológico requerido por los familiares de las víctimas”. Pasados 16 años, esta orden sigue sin cumplirse; los avances han sido mínimos para el cumplimiento integral de todos los criterios que esta contiene. En diciembre de 2021, la CCJ, víctimas y otras organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el Ministerio de Salud en una mesa nacional para evaluar el cumplimiento de estas solicitudes.

En la conmemoración de los 32 años de esta masacre, la Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado para que se cumplan las reparaciones ordenadas por la Corte IDH, pues los pocos y tardíos avances han demostrado la falta de voluntad de Colombia para cumplir de manera diligente con sus obligaciones. En particular, solicitamos agilizar los procesos técnico-forenses y administrativos en el marco de las labores de búsqueda y prospección, así como en los procesos de socialización de resultados de dichas diligencias.

Asimismo, las víctimas esperan los aportes a la verdad de los miembros de la fuerza pública que se han sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y que los responsables de esta masacre de 43 campesinos reciban una sanción.

Comisión Colombiana de Juristas