Comunicación y RRPP

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia a favor del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ordenó al Estado reparación por las “chuzadas” ilegales que el antiguo DAS realizó en su contra.

Desde 2011 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) demandó al DAS por considerar que las actividades de inteligencia ilegal que adelantaba dicha institución en contra del Cinep y sus integrantes atentaban contra sus derechos. Estas actividades incluyeron perfilamientos, interceptaciones ilegales de comunicación y actividades de seguimiento.

Con el inicio del paro nacional las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Policía y civiles armados aumentaron de forma alarmante. Frente a ello, el área de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- realizó diferentes acciones ante instancias internacionales, con el fin de visibilizar la situación que se presentaba en el país y pedir el apoyo internacional para que cesara la violencia en el contexto de las protestas.
 

Tras una visita que hizo en noviembre de 2021 la familia de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido y asesinado extrajudicialmente, acompañada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y un grupo de víctimas de crímenes de Estado del Caribe, se pudo constatar que continuaron las intervenciones en el cementerio alterno de El Copey, ubicado en el departamento del Cesar. Se presume que en este terreno reposarían los restos de alrededor de cien jóvenes que también fueron víctimas de homicidios y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate por agentes estatales.

En Colombia, el derecho a la verdad ha estado condenado al olvido; supeditado a la voluntad de los poderosos; y muchas veces ha estado ausente, incompleto y rezagado. Como parte de un ejercicio de construcción de memoria colectiva y con el fin de contribuir al esclarecimiento de algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) creó el sitio web ‘Tejiendo memoria’.

Esta iniciativa multimedia es una herramienta y un mecanismo de afrontamiento emocional en el que las víctimas, sus familiares y las comunidades podrán recordar a sus seres queridos, hacer homenajes y elevar sus voces y denuncias.

La Comisión Colombiana de Juristas lanzó este año “Reflexiones para una justicia agraria en Colombia” y “Silencios e impunidades del despojo”, dos publicaciones que tienen como propósito reflexionar sobre las deudas históricas de una justicia agraria y transicional en Colombia. Además, demuestran que, aunque algunos casos han sido llevados ante los jueces y magistrados de restitución de tierras, persisten impunidades respecto a la responsabilidad de los actores que propiciaron o se beneficiaron de los despojos.

El 3 de marzo de 2020 la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) acudió ante la Corte Constitucional para cuestionar la constitucionalidad de los artículos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 1979 de 2019, "por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan a los veteranos de la Fuerza Pública y se otorgan otras disposiciones".

El 29 de abril de 2021, la Corte Constitucional falló a favor de la Acción Pública de Inconstitucionalidad presentada por la CCJ, lo que implicará la exclusión de los militares que hayan cometido graves violaciones de derechos humanos de la categoría de veteranos, los cuales ya no serán considerados como población vulnerable.  Ningún medio de comunicación ni plataforma virtual tendrá la obligación de honrar la memoria de los veteranos, y el Centro Nacional de Memoria ya no deberá dedicar ningún espacio especial para su memoria.

Durante 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el estudio de cuatro peticiones presentadas por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ): 1. el caso de Bárbara y su familia, una líder campesina torturada y agredida sexualmente por paramilitares que salió del país para resguardar su vida; 2. la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ángel Quintero y Claudia Monsalve; 3. el asesinato del sindicalista Luis Felipe Vélez; 4. el asesinato de Simón Efraín González en el departamento de Magdalena a manos de paramilitares.

Adicionalmente, este año fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición forzada del integrante del Ejército Óscar Iván Tabares. Por último, destacamos la solicitud de medidas cautelares realizadas por la CIDH al Estado colombiano, por petición de la CCJ, para preservar la vida e integridad del comisionado, líder social y defensor de derechos humanos Leyner Palacios, así como de su familia.

El GRUBE* de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas -UBPD- y con el acompañamiento de la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, entregó dignamente el cuerpo de David Andrés Carrillo a su familia, luego de 14 años de su desaparición.

El 14 de agosto de 2007 David Andrés salió de su casa en el barrio Santa Viviana, ubicado entre la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha, Cundinamarca, con la esperanza de reunirse con un amigo para hablar sobre una oferta laboral. Desde ese día sus seres queridos no volvieron a saber nada de él hasta el año 2016, cuando la Fiscalía informó sobre el hallazgo de tres cuerpos y la cédula de David Andrés en una fosa de la vereda La Esmeralda, en el municipio de San José del Guaviare.
 

Con ocasión de la visita de trabajo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia entre el 8 y 10 de junio, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) preparó un informe que documenta algunos elementos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivió el país desde el 28 de abril, día que inició el Paro Nacional.

Les invitamos a consultar este informe que recoge, entre otras, las múltiples violaciones a los derechos humanos que han ocurrido desde el pasado 28 de abril, y que esboza la precaria e insuficiente respuesta estatal ante el estallido social en el país.

La Comisión Colombiana de Juristas y otras organizaciones sociales participaron el pasado 19 de noviembre a una audiencia pública en la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes para analizar la situación de violaciones a los derechos humanos de líderes, lideresas sociales y personas defensoras en Colombia. Este encuentro tenía como propósito visibilizar su situación y la falta de garantías de seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos en el país.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en alianza con el movimiento de paz holandés PAX, presentó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) el informe “La búsqueda no se agota: 21 años de lucha en dignidad a pesar de una reparación incompleta”, que se enmarca en el acompañamiento y representación judicial a las familias, líderes y lideresas que buscan a las personas dadas por desaparecidas del corregimiento de El Salado (Bolívar).

Este documento se centra en el departamento Bolívar, donde se hace un esfuerzo colectivo por documentar la experiencia de las víctimas sobrevivientes de la masacre de El Salado, ocurrida entre el 16 y el 20 de febrero del año 2000, en relación con la búsqueda de sus seres queridos, quienes hoy son personas dadas como desaparecidas.