Comunicación y RRPP

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En defensa de nuestra profesión

Carta abierta al Congreso de la República de Colombia

Viernes 01 de diciembre de 2017

Es probable que pocas personas lean esta carta y que quizá las palabras que la componen no sean más que otro argumento al aire del que solo unos oirán su eco. Ser defensores de derechos humanos y ejercer nuestras profesiones en este ámbito nos ha acostumbrado a ello. Sin embargo, sabemos que ese eco en ocasiones tiene un impacto que le da sustento a nuestro oficio y motiva nuestro trabajo. Por esa razón, no es una sorpresa que una vez más se busque silenciar nuestra voz y atacar y estigmatizar nuestro quehacer.  Ejemplo de ello ha sido su decisión de aprobar una disposición en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz que prohíbe "tomar posesión en cargos" en dicha jurisdicción, en pocas palabras, a los defensores de derechos humanos del país.

Con esta aprobación han vulnerado la Constitución y los derechos de los ciudadanos que nos dedicamos a estas tareas –por lo que si queda algo de racionalidad jurídica dicha disposición será declarada inconstitucional por la Corte-. Con su aprobación han puesto en riesgo nuestras vidas y futuros, sumándole razones a aquellas personas que persiguen, hostigan y asesinan a líderes y defensores. Con su decisión han enviado un mensaje a la sociedad de que defender los derechos humanos y usar el derecho por medios legítimos y legales para combatir la arbitrariedad en la que no pocas veces ha incurrido el Estado es una acción reprochable e indeseable en el país. Pero sobretodo, con su mensaje están afectando la posibilidad de que los derechos de otros sean igualmente defendidos.

Porque la profesión de defensor de derechos humanos es ante todo la profesión de defender al otro. Al campesino al que la guerra se le llevó la tierra y la identidad; a las personas a la que se les niega la salud o la educación; al indígena o afrocolombiano al que se le ha excluido y discriminado históricamente; a las mujeres que son agredidas permanentemente; al profesor o periodista que expresa su libertad; al político que es perseguido o violentado por cumplir sus labores; al usuario al que alguna empresa le vulnera sus derechos como consumidor; a la empresa que compite lealmente en el mercado; a la comunidad que cuida del río, del agua, de la montaña; al preso al que se le trata inhumanamente; al combatiente al que se le tortura; al trabajador que se le vulneran sus derechos laborales; a todas y cada una de las personas que por cualquier motivo o razón –sin distinción- se les vulneran los derechos que el Estado, en teoría, garantiza, respeta y protege.

Con su decisión, también han mermado la posibilidad de defender al Estado que ustedes representan legislativamente. La labor del defensor de derechos humanos no es litigar en contra del Estado Social de Derecho sino a favor del mismo. Se litiga contra los hechos en los que ese Estado, a través de sus autoridades, contradice su esencia y viola la Constitución y la ley, al igual que cuando se hace por hechos de grupos o individuos que también infringen nuestros derechos. Se litiga para que prevalezcan y se fortalezcan ambas. Se litiga para que todos vivamos en una sociedad regida por un marco legal en el que imperen los pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. Un Estado que, por cierto, ya cuenta con los mecanismos y herramientas para sancionar a aquel que en el ejercicio de este oficio contraría sus valores y leyes. Se debilita a ese Estado que defendemos.

Con su decisión, le han dicho a los estudiantes del país que, desde diversos campos del conocimiento, exploran la defensa de los derechos humanos como una alternativa de oficio legítima, que su proyecto de vida no es válido, no es deseado y no es respetado; que exigir la garantía de derechos al Estado es una equivocación; que en los currículos académicos de los colegios y universidades no cabe un espacio para que se promueva la defensa de sus derechos; y que el mandato constitucional de su divulgación sólo sirve para que el ciudadano, en los centros educativos, aprenda de los derechos que tiene en el papel mas nunca dedique su vida a defenderlos en la práctica. Con su decisión, en fin, le han dicho a los colombianos que todos esos hombres y mujeres que murieron por la defensa de los derechos humanos, dieron su vida en vano, pues el Estado no los acepta. Finalmente, el mensaje trasmite que los derechos humanos y el Estado colombiano son tan incompatibles que no se puede defender a ambos a la vez.

Con su decisión también se está debilitando la oportunidad de defenderlos a ustedes, sus familiares y amigos, quienes como ciudadanos han podido ser o son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Porque a diferencia del mensaje que envía la disposición aprobada, el defensor de derechos humanos también defiende a su opositor, a quien piensa distinto, a quien le contradice y le cuestiona. Lo defiende directamente cuando así se requiere y lo defiende indirectamente cuando aboga por los derechos de los ciudadanos, por la libertad, cuando intercede por un Estado sólido en el que todos seamos cobijados bajo el principio de igualdad.

Es probable que estas razones no sean consideradas. Que su posición siga intacta y nos sigan estigmatizando, que celebren por haber aprobado este artículo y por considerar –bajo una clara falacia racional y ética- que han hecho lo correcto. Más allá de lo que decida la Corte Constitucional al respecto, su decisión impacta negativamente a nuestra profesión. Sin embargo, esta seguirá vigente allí donde se vulnera la dignidad de cualquier persona. Seguirá vigente así continúen los asesinatos y las persecuciones. Seguirá a pesar de que se nos excluya de espacios públicos y privados. Nuestra profesión seguirá vigente porque la esencia de la misma es defendernos y defender a todos de decisiones como la que acaban de tomar. Y seguirá vigente porque a pesar de que lo nieguen o lo ignoren, de que lo subestimen o lo reprochen, nuestra labor también los protege a ustedes.

La historia nos ha acostumbrado a ver la violación de los derechos humanos, pero también a mantenernos firmes en la ardua tardea de defender lo que consideramos justo. Y que ese eco se replique.

Atentamente,

 

Juan Francisco Soto Hoyos

Juan Carlos Ospina

Jhenifer Mojica Flórez

Luciano Sanín

María Cielo Linares

Jorge Abril Maldonado

Nury Peralta Cardoso

Johana Jiménez Moreno

Luisa González Sáez

Camilo Bonilla Stucka

Paula Villa Vélez

Camila de Gamboa Tapias

Gustavo Gallón Giraldo

Juan Carlos Niño Camargo

Ángel Tolosa Pontón

María Anacona Hormiga

Marcela Castellanos Acosta

Liliana Obregón Espinel

Edsy Rosario Montoya Moncada

Ana Cristina Portilla

Martha Lucía Bejarano Marín

Diego Andrés Galindo