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Campesinos del Meta denuncian hostigamientos del Ejército nacional y temen violaciones a los DD.HH.

Sábado 13 de noviembre de 2021

Llanos del Yarí – Bogotá, 13 de noviembre de 2021.  La Fundación por la Defensa de los DD.HH. y el DIH del Oriente y Centro de Colombia -DHOC- y la COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS -CCJ-, organizaciones no gubernamentales que promueven y defienden los derechos humanos, la aplicación del DIH y la vigencia del Estado de Derecho, denunciamos ante la opinión pública y los entes de control estatales el riesgo inminente de violación a los derechos humanos de las comunidades campesinas de los llanos del Yarí, Meta por parte del Ejército nacional, de acuerdo con información brindada por las campesinas y campesinos que habitan en las veredas de Puerto Cachicamo (San José del Guaviare).

HECHOS

1-     Integrantes del batallón de Operaciones Terrestres No. 4 de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, a cargo del Capitán Castiblanco, estarían intimidando y forzado a personas de la comunidad para firmar y poner su huella digital en hojas en blanco, sin señalar los motivos para dicho procedimiento o el propósito para el que serían usadas estas firmas.

2-     Se ha registrado un aumento considerable en el número de tropas asentadas en las veredas de Puerto Cachicamo, las cuales han emprendido acciones que afectan la tranquilidad de los habitantes como detonación de artefactos explosivos y disparos en ráfagas de armas de percusión cerca de las viviendas, generando con ello zozobra y pánico en la población civil.

3-     El Ejercito estaría obstaculizando la libre locomoción de la población civil al no permitirles transitar por los caminos, impidiendo con esto el libre desarrollo de sus actividades cotidianas.

4-     El Ejército nacional también estaría realizando empadronamientos e interrogatorios a la población civil con el presunto objetivo de atacar al GAO-R Jorge Briceño Suárez, sin que para ello medie orden judicial o acompañamiento del Ministerio Público.

5-     Las tropas del Ejército nacional se encuentran acampando a menos de 400 metros de los lugares de residencia de la población campesina desde hace cuatro (4) meses, violando con ello el principio de distinción del derecho humanitario. Así mismo, las comunidades denuncian que las tropas están acampando cerca de fuentes de agua, contaminando uno de los recursos fundamentales para la vida humana.

6-     El Ejército está realizando múltiples y constantes retenes, tanto de día como de noche, en los caminos veredales, hostigando a la población. En estos retenes se interroga a las personas respecto a su procedencia, destino y actividades, tomando nota de estos datos en una minuta, en la que también se estaría relacionando información como nombres, números de documentos de identidad, placas de vehículos y lugares de residencia.  

7-     Los anteriores actos vulneran los derechos fundamentales a la libertad de locomoción, al trabajo, la intimidad y la vida digna de los campesinos y campesinas del Yarí. No es aceptable, en nuestro orden constitucional, que la fuerza pública realice empadronamientos.

8-     Estos actos se suman a anteriores denuncias de violaciones a derechos humanos en el Yarí hechas por la Fundación Dhoc y la Comisión Colombiana de Juristas. El pasado 17 de septiembre alertamos de vulneraciones a derechos y garantías fundamentales de los campesinos tras un operativo de la campaña Artemisa, por el que se denunciaron la desaparición de dos personas, varias capturas cuya legalidad se puso en duda y la quema de al menos cuatro casas. Estos hechos ocurrieron un día después de la audiencia pública que celebró el Congreso de la República en La Macarena (Meta) para abordar la problemática socioambiental en la región.  

9-     Las comunidades de manera organizada han sostenido diálogos con los militares, quienes argumentan que su presencia se da en cumplimiento de mandatos constitucionales y de la Orden de Operaciones de Control Territorial No. 36.

EXIGIMOS

Al Ejército nacional detener los empadronamientos y hostigamientos contra la población civil, retirar su campamento de las fuentes de agua y realizar sus operaciones lejos de las viviendas campesinas y otros lugares protegidos por el DIH.

Al Ministerio del Interior, la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía y la Personería municipal de San José del Guaviare hacer presencia en la zona y exigir respeto por los derechos fundamentales de las personas que habitan estos territorios y por el orden constitucional. 

A la Defensoría del Pueblo del departamento del Guaviare intervenir en el asunto para documentar las posibles violaciones a derechos humanos, mediar entre la población civil y el Ejército nacional y emitir las alertas que considere pertinentes en aras de advertir de esta situación a otras entidades estatales y prevenir que ocurran vulneraciones más graves a los derechos de estas personas.

A la Procuraduría General de la Nación ejercer su función preventiva a través de la vigilancia de las fuerzas militares, de manera que pueda advertir y corregir cualquier actuación que pueda ser contraria al orden constitucional y legal. Así mismo, y de ser el caso, solicitamos que se dé inicio a las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar.

Al Congreso de la República hacer seguimiento a los acuerdos y conclusiones de la Audiencia Pública territorial celebrada el 16 de septiembre en La Macarena, Meta. 

Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional presente en Colombia para que apoye a las comunidades campesinas del Meta y llame a las autoridades colombianas a que cumplan sus obligaciones en materia ambiental sin ejercer violencia ni vulnerar los derechos del campesinado que habita en zonas protegidas. 

También llamamos a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) a brindar acompañamiento a la sociedad civil afectada y brindar asistencia técnica al Ejercito nacional, para que sus operaciones se adecúen a los estándares internaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  

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