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Conexión CCJ Edición #13

Jueves 17 de junio de 2021

 

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Compartimos con usted las principales noticias, realizaciones, publicaciones y eventos de nuestra organización en el último mes.
Presentamos ante la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 170 de la ley 1801 de 2016 (Código de Policía), que establece la asistencia militar, figura utilizada por el Presidente Iván Duque para contener las reuniones, movilizaciones y protestas sociales de las últimas semanas en el marco del Paro Nacional.

La norma que establece la asistencia militar tiene un doble cuestionamiento constitucional. Por un lado, es una norma que trata sobre derechos fundamentales, lo que requiere una ley estatutaria. Y por otro, otorga funciones a las fuerzas militares por vía ordinaria que únicamente pueden ser activadas a través de la declaratoria de un estado excepcional.
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Hicimos  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de la representante a la Cámara María José Pizarro y el senador Wilson Arias, para la protección de sus derechos a la participación política (artículo 23) y a las garantías judiciales (artículo 8), consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos congresistas han sido víctimas de una persecución política desde la Procuraduría General de la Nación, que les abrió recientemente investigaciones disciplinarias. A juicio de esta entidad, la labor de protección y defensa que María José Pizarro y Wilson Arias han liderado en defensa de las y los manifestantes en el contexto del paro nacional es una extralimitación de su trabajo como funcionarios públicos, motivo por el cual deben ser investigados.
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Las víctimas de despojo de tierras del predio La Guatinaja, en Urabá, lograron que la justicia colombiana aceptara una recusación que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) propuso contra Alejandro Rincón Gallego, juez segundo civil del circuito especializado en restitución de tierras de Apartadó (Antioquia), quien las había irrespetado y desconocido sus derechos.

En septiembre de 2019, y durante el desarrollo de una diligencia judicial, una víctima y su representante legal fueron amenazadas con ser “tiradas a la Fiscalía” por el juez en mención, con ocasión de la versión que rendía bajo juramento la solicitante. Luego de esto, la CCJ interpuso una recusación por falta de garantías para continuar con el proceso; además, denunció penalmente al juez e instauró una queja disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura. 
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Con el fin de promover la labor de defensa de los derechos humanos en nuestro país y fortalecer las capacidades de incidencia de las personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales, presentamos la colección “Caja de herramientas para la incidencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia”.

Cartillas recientes:

Cartilla #5 Garantías para la defensa de los derechos humanos en el Acuerdo de Paz: Punto 2 (participación política) y Punto 5 (víctimas).

Cartilla #6 Garantías para la defensa de los derechos humanos en el Acuerdo de Paz: punto 3 (Fin del conflicto).

Cartilla #7 Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos.

Conozca todas las cartillas aquí.
Con ocasión de la visita de trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo a Colombia entre el 8 y 10 de junio, nos unimos en un esfuerzo conjunto para hacer un balance sobre el encuentro entre este organismo internacional y las organizaciones de la sociedad civil.

Les invitamos a ver el conversatorio a partir del minuto 15:44; allí se expusieron las cifras entregadas a la CIDH sobre graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del paro nacional, que inició el pasado 28 de abril en el país como respuesta al descontento social por la reforma tributaria, el asesinato de líderes y lideresas sociales, reforma a la salud, entre otras.
Grabación de la transmisión en vivo / balance del encuentro con la CIDH
La Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en representación de la familia del candidato presidencial Carlos Pizarro Leóngómez, solicitamos al Fiscal General Francisco Barbosa revocar la decisión que ordenó trasladar el proceso y cambiar el fiscal que adelantaba la investigación por este magnicidio.  Esta solicitud se basa en que su decisión es injustificada, obstaculiza el avance de la investigación y atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia en un caso que después de 31 años sigue en la impunidad.

Cabe recordar que por el magnicidio contra el candidato presidencial del partido Alianza Democrática M-19, Carlos Pizarro Leongómez, fueron condenados en 2002 los paramilitares Carlos Castaño Gil y Fidel Castaño Gil; luego de esto, la investigación estuvo paralizada durante doce años, hasta 2014, cuando le fue asignada al fiscal Mauricio Javier Ponce Mena, titular del Despacho 20 Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos.
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