Comunicación y RRPP

La Comisión Colombiana de Juristas, en conjunto con otras organizaciones, se pronunció sobre la cifra revelada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con ocasión del Auto 003 del 12 de febrero de 2021 , en el cual se dieron a conocer los avances y se hizo pública la estrategia de priorización dentro del Caso 003, denominado “muertes ilegítimas públicamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, conocido como “falsos positivos”. El Tribunal de Paz reveló que por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de este fenómeno en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008 .

La cifra revelada por la JEP demuestra la generalización y sistematicidad de estos crímenes de Estado, factor que, a su vez, es un elemento para calificarlos como de lesa humanidad .

Con ocasión de la firma del Decreto mediante el cual se crea el Estatuto de Protección Temporal a Migrantes Venezolanos (ETPV), organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas, presentamos a la Cancillería algunas observaciones sobre este instrumento que busca garantizar la atención humanitaria de las personas que han salido del vecino país por razones asociadas a la crisis económica, social y política que enfrenta Venezuela desde hace años.
 

En el marco de la 46a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- intervino respecto del informe de la Alta comisionada para los DD.HH. y el capitulo de Colombia del informe de la Relatora especial sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos.

En estas intervenciones la CCJ alertó sobre la preocupante situación de derechos humanos y los graves escenarios a los que se enfrentan las personas defensoras en el país.

La Comisión de Sistematicidad, de la que hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas, presentó en conjunto con otras organizaciones el informe: " Sistematicidad e impunidades en el ascenso de líderes y lideresas sociales".  En este se  identifican una serie de patrones que revelan la generalidad y sistematicidad en los asesinatos contra las personas defensoras, líderes y lideresas sociales y excombatientes; así como la estigmatización contra estos dos colectivos y la impunidad respecto a estos crímenes. El análisis se centró en el periodo comprendido entre el primero de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020, en los territorios de Norte del Cauca; Urabá Antioqueño y Bajo Atrato chocoano; Sur de Córdoba; Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños.
 

Año y medio después de los hechos que generaron indignación nacional por el trato degradante que el Juez especializado en Restitución de Tierras de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, le dio a una mujer víctima durante una audiencia en la que sin ningún fundamento la calificó como mentirosa y amenazó con “tirarla a la Fiscalía”, los entes de control y las autoridades competentes siguen sin garantizar los derechos de las personas solicitantes en restitución del predio “La Guatinaja” en el Urabá Antioqueño.

Pese a que la Comisión Colombiana de Juristas denunció penalmente al funcionario y solicitó al Consejo Superior de la Judicatura que procediera a investigarlo disciplinariamente, a la fecha ninguno de los procesos ha avanzado de manera eficiente ni satisfactoria, por lo que el señor Rincón Gallego sigue en su cargo sin sanción alguna y fungiendo como juez instructor de varios procesos de restitución de tierras que se surten en su despacho.