Señora Presidenta:
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO)[1] estamos preocupadas por el escalamiento del conflicto armado en Colombia, y su impacto en al menos 12.481[2] niñas y niños en 2020.
Por lo menos 222 fueron víctimas de reclutamiento y utilización el año pasado, y 24 niñas y niños más murieron en masacres. Asimismo, actos de violencia sexual fueron cometidos por miembros del Ejército Nacional en varias zonas del país, como ocurrió con una niña indígena de 12 años víctima de violación por parte de siete soldados en el mes de junio en Risaralda.
Un año y medio después de la actualización de la política pública de prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niñas y niños, su implementación no avanza.
Un bombardeo ordenado por el Gobierno en 2019 contra un campamento de la guerrilla en Caquetá, a sabiendas de la presencia de niñas y niños reclutados ilícitamente, le costó la vida a ocho niñas y niños. Hace dos semanas, la orden se repitió en Guaviare. El Ministro de Defensa justificó la muerte de, al menos, una niña, diciendo que, una vez reclutados, los niños se convierten en “máquinas de guerra” y “dejan de ser víctimas”[3].
Parece que el Estado colombiano actúa en contra de las recomendaciones formuladas por cuatro países (Costa Rica, Italia, Líbano y Turquía) en 2018, al negarse a proteger y a tratar a las niñas y niños reclutados ilícitamente como víctimas.
Gracias, señora Presidenta.
Para mayor información, consultar: http://www.coljuristas.org/ o http://coalico.org/ o comunicarse a los correos electrónicos:anarodriguez@coljuristas.org o coordinacion@coalico.org.