Comunicación y RRPP

Este núcleo familiar, compuesto por la madre y sus seis hijos vivos unidos a sus actuales cónyuges e hijos, son víctimas de desplazamiento forzado en el año 1977. Luego de años de luchas y la pérdida del padre, lograron una sentencia de restitución de tierras a su favor en el año 2018.

Actualmente residen el predio otorgado por la sentencia, sin embargo, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica debido a que la Unidad de Restitución de Tierras – URT- no les ha hecho el desembolso correspondiente a las acciones de proyectos productivos y subsidio de vivienda que les podrían permitir residir con seguridad alimentaria y subsistencia económica en el predio.

Estas carencias económicas, convierten a esta familia víctimas del conflicto armado, en una población vulnerable en el marco de la pandemia del  COVID-19.

Vereda Las Guacamayas, corregimiento de Macondo, municipio de Turbo (Antioquia).

Víctor Manuel Correa Montalvo, Julio César Correa Cuadrado, Fredy Correa Cuadrado, Omar Quintana Suárez, Sandra Milena Medrano Lozada, Rosember Ibáñez Ortega, Edilberto Usuga Castaño, Saulo David Úsuga y Tito David Gómez.

A finales de la década de los años 90 la zona del Urabá obedecía a las dinámicas de la violencia propias de la disputa entre grupos guerrilleros y paramilitares por dicho territorio estratégico.  En particular, el Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con Raúl Emilio Hasbún Mendoza alias “Pedro Bonito” y Dalson López Simanca alias “Lázaro” o “Mono Pecoso” al mando, que arribaron a la vereda Las Guacamayas y ordenaron, presionaron e intimidaron a la población para desocupar y/o vender sus tierras. Esto ocasionó el desplazamiento y despojo masivo de cientos de familias que históricamente habían habitado la zona.  La mayoría de sus parcelas, con posterioridad, terminaron siendo de propiedad de importantes compañías, destacándose dentro de ellas la empresa “Inversiones e Inmobiliarias ASA”.

Las familias reclamantes de tierras de la vereda Las Guacamayas, pese a haber padecido diversidad de hechos victimizantes producto del conflicto armado que arreció con particular violencia la zona del Urabá colombiano, son además víctimas de persecución judicial debido a su persistente reclamo en la reivindicación de los derechos que les asisten. Persecución judicial que ha sido promovida paradójicamente por aquellas empresas que ahora ostentan la titularidad de sus predios, los cuales se encuentran en una disputa jurídica, luego de que el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó el 12 de diciembre de 2014, decretara medidas cautelares en favor del Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU), al cual pertenecen los reclamantes.

El 28 de noviembre de 2019 estas nueve personas fueron capturadas en sus viviendas por agentes del CTI de la Policía Nacional, con orden de captura expedida por el Fiscal 30 Especializado de Medellín, por hechos acontecidos en junio y noviembre de 2014 y marzo de 2015.  Los delitos que les fueron imputados corresponden a desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado, cometidos – según el ente acusador – en contra de 3 administradores de las empresas que figuran como propietarias de las parcelas que reclaman.

Las nueve personas vinculadas en este proceso judicial permanecieron privadas de la libertad por cerca de tres meses en los establecimientos carcelarios de Apartadó y El Pedregal en Antioquia, luego de que prosperara medida de aseguramiento intramural en su contra.

Actualmente cuentan con medida de aseguramiento domiciliaria luego de que se demostrara la condición de adultos mayores que ostentan 4 de ellos; sus dificultades de salud, que se vieron agravadas con la estancia en la cárcel y sus condiciones personales que los ubican como reclamantes históricos de tierras en el Urabá y personas reconocidas dentro del Consejo Comunitario de los Ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU).  Hoy estos reclamantes se encuentran a la espera de que el proceso penal continúe su curso para demostrar su inocencia en juicio.

El 7 de junio de 1999, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia destruyeron el cacerío de Salaminita rural y urbano, ubicado en la carretera entre los municipios de Pivijay y Fundación, en el departamento de Magdalena: asesinaron a tres personas de la comunidad acusándoles de ser colaboradores de la guerrilla y, posteriormente, los paramilitares arrasaron el pueblo con un buldócer y destruyeron todas las casas y construcciones que se encontraban allí. Con estos atroces hechos, desplazaron a toda su comunidad, compuesta por 211 familias.

Desde el año 2013 la Comisión Colombiana de Juristas acompaña el caso de restitución de tierras de esta comunidad. Su organización comunitaria, que ha sido la forma de agenciar las situaciones de victimización y de buscar colectivamente la restitución integral es ASORENACER, está compuesta principalmente por mujeres lideresas entre las que se encuentra Lesa Daza.

El 1º de agosto de 2017, 36 familias recibieron de la Alcaldía su título de propiedad, ordenado por sentencia del Tribunal de Antioquia, dictada en diciembre de 2016; y en abril de 2019 se adelantó entrega material de 10 predios -equivalentes a 110 Hectáreas- restituidos en el antiguo corregimiento de Salaminita. No obstante, a la fecha el Ministerio de Vivienda se niega a cumplir con la orden de construcción de las casas; tampoco se ha cumplido por parte de las instituciones del orden departamental y nacional en la construcción del centro educativo y el puesto de salud ordenados en la sentencia, así como las demás ordenes tendientes a la reconstrucción del centro poblado que fue arrasado.

En la contingencia actual por la pandemia del COVID-19, la situación de esta comunidad es difícil, toda vez que, si bien, la sentencia de restitución de tierras ordena la restitución material de los predios despojados y la reconstrucción del centro poblado con su infraestructura vital para el desarrollo del proyecto de vida individual, familiar y comunitario; sólo se ha cumplido la restitución material de los predios sin que se haya reconstruido la infraestructura comunitaria.

Lo anterior hace que las familias que han retornado vivan en casas hechizas, sin servicios públicos como el agua potable. Además, la mayoría de personas restituidas, son adultas mayores, madres cabeza de hogar con niños y niñas en condición de discapacidad, familias unipersonales, sin un sustento estable para abastecer sus necesidades básicas. Esta situación les ha obligado a asumir trabajos precarizados y mal remunerados que les ayuden a sobrellevar la emergencia.

El 11 de mayo del año 2000, a las veredas Sabaletas, Llano Bajo, Aguas Claras, La Cascada y El Queremal, jurisdicción del corregimiento No. 8 del municipio de Buenaventura - Valle del Cauca, arribaron aproximadamente 100 hombres fuertemente armados pertenecientes al Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia haciéndose pasar por miembros del Ejército Nacional. Sacaron a 60 personas de sus casas, las obligaron a formarse en una fila, las interrogaron con violencia y seleccionaron a sus víctimas.  En Sabaletas la masacre cobró la vida de 9 personas y la desaparición forzada de otras tres, incluido un menor de edad, cuyos restos fueron hallados y entregados a sus familiares, solo hasta el año 2015. Así mismo, los paramilitares destruyeron e incendiaron las viviendas de sus víctimas.

Durante su mortal recorrido, los paramilitares del Bloque Calima pasaron por los caseríos de Llano Bajo, Aguaclara, El Danubio, La Cascada, El Placer y El Queremal, donde cometieron crímenes similares al ocurrido en Sabaletas. Sin embargo, esta gran cantidad de paramilitares también se cruzaron en su ruta con tres puestos de control de la Infantería de Marina y el Ejército Nacional, quienes no advirtieron sobre su presencia.  Para proteger sus vidas, cerca de 3.200 habitantes de la región se desplazaron hacia el casco urbano de Buenaventura.

Tres años después, el 14 de junio de 2003 un grupo de paramilitares habría llegado hasta la caseta ubicada al frente de la cancha de Zabaletas donde se estaba realizando una fiesta de cumpleaños, a la que habían asistido aproximadamente 50 personas. Al llegar a esta caseta, los paramilitares se habrían bajado de unos vehículos y comenzaron a disparar al aire. Al parecer, las personas que alcanzaron a salir de la caseta bajaron hacia el río Anchicayá pero hasta allí fueron perseguidas por algunos de los paramilitares que les dispararon. La población se desplazó masiva y forzosamente debido a que era la tercera masacre que sufría, la primera había sido cometida por la guerrilla y la masacre también a manos de paramilitares en mayo de 2000.

Hoy, las víctimas siguen a la espera de que se esclarezca la participación de integrantes de la Fuerza Pública en la perpetración de la masacre, pues a pesar de las solicitudes que en este sentido se han hecho a la Fiscalía estas aún no han sido resueltas. De igual forma, esperan conocer las circunstancias y los responsables de la planeación de tan ominosos hechos, y exigen que su derecho a la reparación sea una realidad, pues como lo señala una de las personas que sobrevivió a estas masacres “hemos tenido que salir adelante solas, con nuestros propios esfuerzos, pues el Estado no ha garantizado los derechos que como víctimas nos corresponden”.

Dentro de las medidas de reparación que demanda la comunidad se encuentran medidas de rehabilitación que aborden la salud desde una concepción integral, pues existen múltiples afectaciones físicas y mentales que no han sido atendidas por el Ministerio de Salud y que requieren ser abordadas desde un enfoque psicosocial y diferencial. Lo anterior, ha profundizado el malestar emocional y la falta de credibilidad en el sistema de salud vigente.

Bellacruz es una hacienda en el departamento del Cesar, donde se desarrolla un proyecto agroindustrial de palma de aceite desde 2008, y ha sido un escenario de la violencia paramilitar y guerrillera que ha desplazado en varias ocasiones a los campesinos que reclaman parte de sus tierras.

Es un historia larga y sinuosa que comienza en 1950 cuando el hacendado del Eje Cafetero Alberto Marulanda llegó al Cesar y creó La Bellacruz, una propiedad de 25 mil hectáreas. Años después, en 1970 ll Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) compró 11 mil hectáreas a los Marulanda para entregarles a familias campesina trabajadoras de la tierra, quienes reclamaban propiedad. Los conflictos por la tierra continuaron, y en el año 1991 gran parte de los campesinos tuvieron que desplazarse luego de una toma del ELN donde fueron asesinadas cuatro personas.

En la década de los años 90 y los 2000, la comunidad campesina fue víctima de la violencia, nuevamente, pero esta vez en cabeza de estructuras paramilitares en alianza con los terratenientes de la región. Desde aquellos años, los campesinos han dado varias batallas jurídicas: contra el Estado por no protegerlos; contra la familia Marulanda, dueña de las tierras hasta 2008; y contra la Dolce Vista, la empresa que ese año compró la antigua Bellacruz, rebautizada hacienda La Gloria, y que tiene como principal inversionista a Germán Efromovich, el máximo accionista de la aerolínea Avianca y de Sinergy Group.

Recientemente, en el año 2018, la Fiscalía General de la Nación declaró los hechos violentos ocurridos en La Bellacruz, de donde fueron desplazados el 14 de febrero de 1996, como crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, la Comisión Colombiana de Juristas, acompaña el proceso de restitución de tierras de 110 familias asentadas en los corregimientos La Mata y Simaña, en La Gloria, y Barrios marginales de Aguachica y Pelaya.

En el marco de la crisis por la pandemia del COVID-19, estas familias denuncian que viven una situación crítica por falta de comida: los integrantes de la comunidad no tienen tierras donde trabajar y viven del rebusque día a día. A ello se suma que la mayoría vive en barrios marginales del municipio de Aguachica y no tienen agua, un bien esencial para la vida y para enfrentar la pandemia, por lo que continúan pidiendo a las autoridades que al menos se gestione el servicio de agua por medio de carro-tanques.

Finalmente, se denuncia que la administración municipal de Aguachica ha hecho entrega de mercados, con criterios clientelistas y politiqueros, y hasta el momento la comunidad de Bellacruz, que también pasa hambre, no ha recibido nada.

Este año se conmemoraron 20 años de la masacre de El Salado en la que por lo menos 93 campesinos y campesinas fueron asesinados a manos de grupos paramilitares que contaron con la colaboración, tanto por acción como por omisión, de la fuerza pública colombiana. Esta masacre, que ha sido calificada como una de las "más atroces del conflicto contemporáneo de Colombia" es una muestra del alcance del proyecto paramilitar en Colombia y de las atrocidades que han cometido estos grupos en contra de la población civil.

Entre el 16 y el 21 de febrero de 2000, cerca de 450 paramilitares, entre los que se cuenta la presunta participación directa de 25 Infantes de Marina, incursionaron en el corregimiento de El Salado, en jurisdicción del Carmen de Bolívar (Bolívar), cometiendo todo tipo de crímenes entre los que se cuentan homicidios, torturas, hurtos, tratos crueles inhumanos y degradantes y violencia sexual en contra de los habitantes de esta población y de otras pertenecientes a la región de los Montes de María. Así mismo provocaron el desplazamiento forzado de la totalidad de los habitantes de El Salado (4.000 personas aproximadamente) hacia el casco urbano del Carmen de Bolívar y otros municipios de la costa Caribe.

En el año 2010, la Corte Constitucional, mediante sentencia T-045, amparó los derechos de cuatro mujeres salaeras que, a causa de los hechos victimizantes, vieron severamente afectadas su salud mental y física. Dicha sentencia fue un hito para la garantía del derecho a la salud integral, es decir, aquella que incluye la atención psicosocial, psiquiátrica y médica de las víctimas del conflicto, sin embargo aún hoy el Ministerio de Salud no responde a las necesidades mínimas de atención de las tutelantes, sus familiares y su red de apoyo, entendida como la comunidad de El Salado, ni a la generación de respuestas estructurales como protocolos, programas y políticas para la garantía de este derecho.

La historia de la comunidad de Las Franciscas, dos predios ubicados en el municipio de Zona Bananera, departamento de Magdalena, es la historia de la resistencia. Desde 1987, cuando las familias conformaron la Asociación Campesina de Usuarios de Iberia para hacer posesión de los predios La Francisca I y La Francisca II, hasta hoy, han sido una comunidad golpeada por asesinatos de sus líderes, amenazas, desplazamiento forzado y despojo material. Sus victimarios han sido paramilitares y empresarios vinculados a industrias internacionales que llegan hasta el sello de la multinacional Dole Food Company.

Después 30 años de lucha, el enero de 2019 la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena expidió sentencia donde garantiza los derechos de las 49 familias solicitantes y ordenó la restitución jurídica y material de La Francisca I y La Francisca II a su favor, así como medidas complementarias como la asistencia en salud, el acceso a la educación, el acompañamiento técnico para la explotación del predio, entre otras.

En noviembre de 2019 las familias retornaron al predio. Sin embargo, hasta la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha realizado los desembolsos de dinero destinados a subsidiar los proyectos productivos de los reclamantes. Esta situación se constituye en un agravante en el marco de la crisis por el COVID-19, pues no cuentan con posibilidades de sustento derivado del trabajo en sus propias parcelas.

Adicionalmente, la comunidad denuncia excesivas restricciones de movilidad, lo que les impide acceder a sus parcelas para poder cultivar, lo que se agrava teniendo en cuenta que gran parte de los reclamantes son personas mayores de 70 años que sólo viven de sus tierras. También denuncian que el acceso al agua potable es limitado o intermitente, no hay ayudas por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) o de las autoridades locales.

Finalmente, a esto se suma la preocupación de la comunidad por la salud y el sostenimiento económico del campesino Julio Machacón, quien se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de un accidente de trabajo, y posterior infarto.

El 14 de enero de 1990 grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño, con complicidad de agentes del Estado, desaparecieron forzadamente a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- profirió una sentencia en la que determinó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordenó al Estado reparar a estas familias.

Después de catorce años de dicha sentencia y treinta de los hechos denunciados, las familias de los campesinos siguen exigiendo al Estado que cumpla la medida de búsqueda, pues la mayoría de las víctimas siguen desaparecidas; también alegan que no ha habido voluntad política para llevar a cabo esta tarea a pesar de que ya se conoce ampliamente el lugar donde están ubicados los restos mortales.  Asimismo, piden celeridad en el proceso judicial, ya que no se ha condenado a todos sus responsables ni a algunos agentes estatales que habrían participado. De hecho la Fiscalía ha cerrado algunos procesos de implicados que pudieron ser determinantes en el esclarecimiento de los hechos.

La Corte también ordenó la realización de un monumento para honrar el buen nombre de los 43 campesinos, que también funcione como espacio para que las familias puedan orar y recordar a sus seres queridos en ausencia de sus cuerpos; esta es otra medida que el Estado sigue sin cumplir.  

En enero de este año la comunidad de Pueblo Bello denunció las pésimas condiciones en las que está el único puesto de salud con el que cuentan y las falencias en la prestación de este servicio, demostrando el incumplimiento de la medida de salud dictada por la Corte IDH.