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La comunidad de Las Franciscas volverá a su tierra

Sentencia ordena la restitución en caso emblemático en Zona Bananera

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La recuperación de la tierra despojada por grupos empresariales poderosos y la garantía de los derechos de las comunidades campesinas vulnerados sistemáticamente por grupos armados ilegales y las omisiones históricas del Estado no es una tarea fácil ni sencilla. Sin embargo, la comunidad de Las Franciscas ha demostrado que la resistencia, la perseverancia y la unión son elementos determinantes en la lucha por la tierra y la justicia. Así, el pasado 23 de abril de 2018, tras 4 largos años de proceso, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, reconoció y protegió el derecho fundamental a la restitución de la tierra sobre los predios La Francisca I y La Francisca II de las 49 familias representadas por la Comisión Colombiana de Juristas. Estas tierras habían sido despojadas por empresas bananeras luego de que paramilitares de la zona asesinaran selectivamente a líderes de la comunidad y generaran su desplazamiento masivo. En efecto, en una decisión histórica, el Tribunal reconoció los hechos victimizantes sufridos por la comunidad en el marco del conflicto armado interno; la relación jurídica de la comunidad con la tierra y la pérdida de la misma a través de un despojo. Así mismo, con argumentos contundentes, desestimó los argumentos presentados por la empresa Las Franciscas S.A.S y otras dos empresas vinculadas al predio. Adicionalmente, dado el aprovechamiento de las mismas de los hechos de violencia, negó la buena fe exenta de culpa y, por ende, cualquier compensación al opositor.

Este importante paso en la garantía y protección de los derechos de la comunidad de Las Franciscas no habría sido posible sin el acompañamiento en la etapa administrativa del proceso de la Dirección Territorial del Magdalena de la Unidad de Restitución de Tierras; de la Embajada de Suecia, quien con su cooperación permitió fortalecer la defensa jurídica de los interés de la comunidad; de organizaciones como el Consejo Noruego de Refugiados; y de la Comisión Colombiana de Juristas, quien representó a la comunidad en la etapa judicial del proceso.

La histórica decisión sienta un precedente en materia de protección y garantía de los derechos de las comunidades campesinas que llevan décadas luchando por el acceso a la tierra y la defensa de sus territorios. Igualmente, la decisión demuestra la importancia de que las empresas nacionales y extranjeras que incursionan en zonas gravemente afectadas por el conflicto actúen con la debida diligencia y respondan por sus acciones u omisiones relacionadas con la violación a los derechos humanos.

Adicionalmente, la decisión tomada por  la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, es consistente y hace eco de las decisiones tomadas por los jueces de Justicia y Paz en los casos contra los integrantes del Frente William Rivas de las AUC Jose Gregorio Mangones Lugo “Carlos Tijers” y por Rolando René Garavito “Cara de Niño”, donde se determinó su responsabilidad en los hechos victimizantes sufridos por la comunidad, así como la condición de víctimas de las 49 familias.

Sin embargo, la decisión judicial de restitución de tierras es un paso más en el objetivo de restituir y reparar efectiva e integralmente a la comunidad. Es necesario continuar con el apoyo a la comunidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil para que efectivamente las distintas órdenes de la sentencia se materialicen. Para ello, se requiere del compromiso de las entidades encargadas del cumplimiento de la sentencia, así como de los demás actores que han acompañado a la comunidad para que finalmente su resistencia, coraje y valentía florezcan en una tierra que siempre fue suya.

La Comisión Colombiana de Juristas actúa en este proceso en representación de las víctimas gracias al apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia.

Sinopsis del caso

En 1987 las familias restituidas, conformaron la Asociación Campesina de Usuarios de Iberia para hacer posesión de los predios La Francisca I y La Francisca II de aproximadamente 130 hectáreas tras una invitación que les hiciese el extinto INCORA. Una vez en los predios, la comunidad campesina comenzó su explotación a través de la siembra de cultivos de diversos alimentos, entre ellos limón, maíz, ahuyama, yuca, papaya, guanábana, zapote, tomate, ají, cebolla, ciruela, maracuyá, carambolo, guayaba y mango.

Sin embargo, un terrateniente y empresario de la zona se presentó en el predio a finales de 1987 con hombres armados, al parecer pertenecientes a la banda el “Polvorin” y, valiéndose de medios violentos, desplazó a los habitantes de Las Franciscas por primera vez. Luego de ese episodio, los habitantes de Las Franciscas vivieron en el corregimiento de Orihueca, Zona Bananera hasta 1997, fecha en la cual ingresaron pacíficamente a los predios abandonados por las empresas bananeras que se habían hecho de ellos debido a la caída de los precios del banano entre 1993-1997, así como el huracán Bret que azotó la zona. Así, en ese año, varios de los miembros de la Asociación retomaron a Las Franciscas y permanecieron allí hasta el momento de los hechos victimizantes que constituyeron en el desplazamiento forzado de la comunidad y el despojo de sus tierras.

Masacre de los hermanos Terán

El 7 de septiembre de 2001 Jorge, Gustavo y Miguel Terán –integrantes de la comunidad- fueron asesinados en la finca Las Franciscas. Este hecho  fue reconocido en Justicia y Paz por miembros del Frente William Rivas de las AUC.  Por tal motivo, se generó el primer desplazamiento de las esposas y familias de los tres hermanos, quienes hoy son protegidos por la sentencia de restitución.

Resistencia y asesinatos selectivos

Sin embargo, el resto de la comunidad campesina siguió resistiendo pacíficamente en Las Franciscas, continuando la lucha jurídica por adquirir la titulación de los predios, hasta que los paramilitares del Frente William Rivas amenazaron y asesinaron selectivamente a los líderes de la comunidad con el fin de que desaojaran las tierras. De esta manera, el 13 de marzo de 2004, ingresaron hombres armados al predio del líder José Concepción Kelsy, donde le notificaron que la comunidad tenía que desocupar la tierra. Sin embargo, dada su negativa, fue asesinado en su propia tierra. Este hecho también fue confesado por el comandante del Frente William Rivas José Gregorio Mangones Lugo y por Rolando René Garavito en versiones libres ante Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz y reconocido en las respectivas sentencias.

En mayo de 2004, luego del mencionado asesinato, uno de los miembros más antiguos de la asociación asumió la presidencia de la organización, sin embargo los paramilitares fueron a buscarlo a su parcela en la finca Las Franciscas para asesinarlo. Afortunadamente él no se encontraba allí y miembros de la comunidad le ayudaron a reunir algo de dinero y ropa para que abandonará la zona inmediatamente. Luego de la huida de dicho líder, Abel Bolaños de asumió la presidencia de la asociación.

Despojo jurídico y desplazamiento

Entre julio y agosto de 2004 los campesinos de la Finca Las Franciscas fueron citados en la Finca La Teresa propiedad de la empresa Agrícola Eufemia LTDA en dos oportunidades para que vendieran sus parcelas. En la primera reunión dos empleados de la empresa  les ofrecieron entre 1 y 1.5 millones de pesos por cada hectárea. En la segunda reunión citada, con la presencia de hombres armados que encerraron a los habitantes de Las Franciscas en una oficina,  los obligaron a firmar unos documentos en blanco. Después de firmados los documentos les dieron entre 150.000 y 650.000 pesos por sus predios no sin descontarles 50.000 como contribución a la “intermediación en el negocio jurídico”. Luego de este hecho muchos de los habitantes de las Franciscas abandonaron forzosamente sus predios.

El desplazamiento y la pérdida definitiva de la tierra

Sin embargo, a pesar del asesinato de José Kelsy y de los hechos de “compraventa de mejoras”, aproximadamente 20 familias solicitantes regresaron a los predios. Sus viviendas y cultivos se encontraban destruidos, ya que después del desplazamiento de la comunidad en el 2004, la empresa utilizó maquinaria para “preparar el terreno para el monocultivo de banano”. Tras el regreso de los 20 solicitantes, encabezados por su líder Abel Bolaños, los paramilitares del Frente William Rivas, el 13 de enero de 2005, ingresaron a la finca Las Franciscas y dispararon en contra de este, su hermano y su sobrino, pero estos últimos lograron escapar. Los habitantes que todavía se encontraban resistiendo decidieron desplazarse definitivamente para salvaguardar su vida y su integridad personal. Este homicidio, al igual que los anteriores, también fue confesado por los postulados del Frente William Rivas de las AUC.

Con posterioridad al desplazamiento forzado, al despojo material y por negocio jurídico sufridos por la comunidad, la empresa Agrícola Eufemia adecuó las tierras para el desarrollo del proyecto agroindustrial de monocultivo de banano con el fin de exportarlo a través del sello de la multinacional Dole Food Company. Dicho proyecto sigue en pie hasta el día de hoy, generando una transformación en el uso de la tierra y la acumulación de los predios de menor extensión en los que habitaban las familias solicitantes y un claro beneficio económico a las empresas opositoras dentro del proceso.

El proceso de restitución de la tierra

Por tales motivos, la Dirección Territorial del Magdalena de la Unidad de Restitución de Tierras inscribió en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente a cuarenta y nueve (49) solicitantes pertenecientes a la comunidad de “Las Franciscas” mediante las resolución número 0032 del 31 de octubre de 2013 para el predio de la Francisca I, y resolución número 0023 del 28 de octubre de 2013 para la Francisca II.

El 28 de febrero de 2014, la Comisión Colombiana de Juristas, actuando como representante legal de los 49 solicitantes, presentó solicitud colectiva con el fin de obtener la restitución jurídica y material de los predios a favor de los solicitantes y sus núcleos familiares, junto con diversas pretensiones dirigidas a la satisfacción del goce efectivo de sus derechos. La solicitud fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta quien admitió la misma  11 de abril de 2014.

El 6 de junio de 2014 se recibieron los escritos de 3 empresas opositoras a la solicitud. La empresa que figuraba como propietaria del predio La Francisca S.A.S.; la empresa Agrícola Eufemia S.A.S.; y la empresa C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. Así, entre julio de 2014 y febrero de 2016 se adelantó la etapa probatoria del proceso en la que se practicaron, entre otras, pruebas testimoniales, documentales, peritajes, inspección judicial, etc.

Luego de surtidos estos trámites, el 9 de abril de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras avocó conocimiento y el 3 de febrero de 2016, dio por concluida la etapa probatoria del proceso y descorrió términos para la presentación de alegatos de conclusión de las partes intervinientes.

Finalmente, tras dos años y dos meses desde que el proceso estuviera en el despacho para fallo, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena expidió sentencia donde garantiza los derechos de las 49 familias solicitantes y ordena la restitución jurídica y material de La Francisca I y La Francisca II a su favor, así como medidas complementarias como la asistencia en salud, el acceso a la educación, el acompañamiento técnico para la explotación del predio, entre otras.

 

Fuente de la imagen: Autor Iván M. García tomado de http://ciperchile.cl/2017/05/15/las-tierras-robadas-por-los-bananeros-en-colombia/