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COLOMBIA: No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos y no habrá paz sin ellas

Dice El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

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COLOMBIA: No hay paz para las personas defensoras de derechos humanos y no habrá paz sin ellas Publicación de un informe de misión 

Ginebra-París-Buenaventura, 15 de mayo de 2018

La defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo situando a Colombia como el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el mundo. En 2017, entre 106 y 126 personas defensoras perdieron la vida ante la incapacidad del Estado para protegerlas. Fue lo que denunció el informe del Observatorio (OMCT-FIDH) presentado hoy en Buenaventura, uno de los lugares emblemáticos de los riesgos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos. 

 

En un contexto de reducción histórica del número de homicidios en el contexto del proceso de paz, resulta muy preocupante el aumento alarmante de los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos, situando a Colombia como el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras en el mundo. “Es un hecho que en Colombia no hay paz para las personas defensoras y es una realidad que en Colombia no habrá paz sin las personas defensoras”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. “Colombia está en una encrucijada histórica ante la posibilidad de dejar atrás el conflicto interno y consolidar un Estado de Derecho en el que todos los derechos humanos sean respetados sea una realidad, pero solo será posible si se establecen garantías para que las personas defensoras puedan desarrollar su labor”. 

El informe del Observatorio ha identificado cuatro causas principales que refuerzan la vulnerabilidad de las personas defensoras y que deben ser abordadas con urgencia. En primer lugar, no habrá garantías para la defensa de derechos humanos en Colombia hasta que no se reconozca públicamente la persistencia de estructuras paramilitares y se tomen todas las medidas necesarias para asegurar su desmantelamiento puesto que son la principal fuente de ataques contra personas defensoras. En segundo lugar, la estigmatización y criminalización de quienes defienden derechos humanos sigue siendo una realidad y el informe documenta como, solo en 2017, se produjeron gravísimos ejemplos de estigmatización, a través de declaraciones públicas y acciones, desde todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo, judicial), así como desde la fuerza pública, que contribuyen a elevar aún más el riesgo de agresiones en el contexto de elevadísimos niveles de violencia contra las personas defensoras en Colombia. En tercer lugar, a pesar del tránsito hacia un escenario postconflicto, en Colombia sigue persistiendo un ambiente y unas políticas que estigmatizan y criminalizan el ejercicio de la protesta social, y un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, la mejor forma de prevenir los ataques contra personas defensoras es a través de un sistema de justicia que funcione.

Si bien ha habido avances en lo referido a la impunidad de los ataques en su contra, sobre todo por el aumento de la tasa de imputación por parte de la Fiscalía, el Observatorio resalta que el esclarecimiento de los casos solo se produce cuando hay una sentencia condenatoria, lo que dejaría el 94,5% de los asesinatos registrados por la Fiscalía desde 2016 en la impunidad. Además, las investigaciones no profundizan en la autoría intelectual y el móvil de los asesinatos ni atienden suficientemente otros ataques como las amenazas por lo que los retos siguen siendo enormes. “En mi visita a Colombia hace exactamente un año, constatamos que la implementación del acuerdo de paz estaba lejos de ser una tarea fácil. Sin embargo, frente a los graves hechos denunciados en este informe, llamamos a que el apoyo de la comunidad internacional esté supeditado a la eficacia del Estado a garantizar una adecuada administración de justicia para reducir la impunidad rampante frente a los asesinatos y agresiones contra los defensores y defensoras en Colombia.”, declaró Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH. 

El Observatorio decidió llevar a cabo el lanzamiento de su informe en la ciudad de Buenaventura, donde un defensor de derechos humanos sufrió amenazas de muerte por parte de estructuras paramilitares únicamente por haber hablado con la delegación del Observatorio. Fue también el escenario del Paro Cívico de 2017 y de su represión por parte de las autoridades colombianas. A punto de cumplirse su primer aniversario, se vive un contexto particularmente crítico para las personas defensoras de derechos humanos en Buenaventura, que se destaca como ejemplo paradigmático de todos los riesgos que enfrentan las personas defensoras en Colombia. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional. 

Para más información:

• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui / Delphine Reculeau: +41 22 809 49 39
• FIDH: José Carlos Thissen : +51 95 41 31 650