Litigio en tierras y derechos territoriales

Denuncian violaciones a los derechos humanos en operativo militar desplegado contra comunidades campesinas en los Llanos del Yarí

Bogotá, 19 de septiembre de 2021.  Después de una audiencia pública que hizo el Senado de la República el viernes 17 de septiembre en La Macarena (Meta)  para abordar la situación de las comunidades campesinas y étnicas de Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada, el sábado 18 de septiembre el Ejército desplegó un operativo militar en los Llanos del Yarí, en el que se habría presentado graves violaciones de derechos humanos: la desaparición de dos personas, capturas de las que se tendrá que verificar su legalidad y la quema de al menos cuatro casas, según denuncias de la comunidad.

Yeiner Cabrera Díaz y César Antonio Reyes son las dos personas desaparecidas de las que no se tiene información desde el momento en que se inició la intervención militar. Por su parte, Reinaldo Quebrada, gobernador del resguardo Nasa La Esperanza, fue detenido y, al parecer, trasladado a San José del Guaviare. 

Las comunidades cercanas al área del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete, en la zona de Filo Quinche, vereda El Triunfo y el cabildo Nasa La Esperanza, zona de litigio del municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), donde se realizó el operativo, han tenido muchas dificultades para denunciar los hechos, puesto que la Fuerza Pública tiene bloqueado el lugar y ha impedido el ingreso de comisiones humanitarias de verificación. 

Justo después de celebrada la audiencia pública en la que líderes y lideresas campesinos habrían denunciado problemas que los aquejan seriamente, se presenta esta incursión militar en el marco de la Operación Artemisa en la que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos que están por verificarse.  Entre los problemas denunciados en la audiencia se hizo referencia a la formalización de tierras, la deforestación y las afectaciones socioambientales en los territorios, el incumplimiento de acuerdos por parte del Estado en materia de derechos a la tierra, al territorio y los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz, y la criminalización del campesinado y las comunidades étnicas que habitan los Parques Nacionales Naturales.

La Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia hacen un llamado al Gobierno colombiano para que ordene cesar estas agresiones, encontrar y entregar a sus familias las personas desaparecidas, liberar a las personas detenidas, reparar las viviendas incendiadas e indemnizar los daños causados. También instan a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que se acerquen a la zona y actúen como garantes de los derechos de las familias afectadas, y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que contribuyan a la recuperación de las personas desaparecidas, al igual que a la Fiscalía General de la Nación para que active el mecanismo de búsqueda urgente de las personas desaparecidas.  Asimismo, solicitan el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y del cuerpo diplomático representado en Colombia, para que se ponga término a esta grave vulneración de derechos humanos y se reparen las injustas vulneraciones causadas a comunidades campesinas de los Llanos del Yarí.