Litigio en tierras y derechos territoriales

El congreso realizará audiencia pública en La Macarena por los conflictos socioambientales y territoriales que afectan a las poblaciones campesinas y étnicas que habitan allí
Entre los temas que se van a abordar en la audiencia están las tensiones derivadas de la presencia de campesinos y campesinas en áreas de protección ambiental

Bogotá – La Macarena, 17 de septiembre de 2021.  Hoy se llevará a cabo una audiencia pública territorial citada por 17 congresistas de oposición en el municipio de La Macarena, Meta, con el objetivo de tratar la situación que viven las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guainía y Vichada en cuanto a acceso y formalización de tierras, deforestación y afectaciones socioambientales en los territorios, e incumplimiento de acuerdos por parte del Estado en materia de derechos a la tierra, al territorio y los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz.

Entre los temas que se van a abordar en la audiencia están las tensiones derivadas de la presencia de campesinos y campesinas en áreas de protección ambiental, que partieron del proceso de colonización dirigido por el Estado colombiano para implementar políticas de reforma agraria basada en la expansión de la frontera agrícola y titulación de tierras baldías y se agudizaron con la aparente contradicción entre actividades agrícolas y conservación ambiental. Bajo la premisa del cumplimiento a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de protección y conservación de ecosistemas estratégicos, Colombia ha adoptado decisiones que prohíben habitar estas áreas, incluso en los casos en que la ocupación de los predios antecede a la constitución del parque o zona protegida.

Uno de los casos más graves es el de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales -SPNN- figura que tiene el mayor nivel de restricción ambiental. Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, dentro de estas áreas protegidas habría 22.000 personas habitándolas, 7.919 viviendas, y 1,2 millones de hectáreas bajo usos agropecuarios (6,9% del total extensión cubierta como área del SPNN) .

Ello implica varios conflictos territoriales: por un lado, muchas de estas figuras de protección ambiental han sido diseñadas y manejadas desde un enfoque de conservación “sin gente” o “sin campesinos”. Por otro lado, la mayoría de los habitantes de parques nacionales naturales (en adelante ‘parques’ o ‘PNN’) son campesinos que han llegado a estas zonas por procesos de empobrecimiento, expulsión y violencia, que han cambiado el uso del suelo para procurarse un sustento mediante actividades agropecuarias.

El régimen jurídico de las áreas del SPNN fue diseñado y ha sido manejado sin tener en cuentas el fenómeno de poblamiento campesino que data de la década de 1940. Los PNN se crearon y reglamentaron desde los años 50, asumiendo que se protegerían ecosistemas deshabitados; luego, en los años 70, se modificó el régimen para admitir el co-manejo de los PNN con comunidades indígenas y negras, admitiendo el traslape entre territorios indígenas o consejos comunitarios con áreas protegidas. Sin embargo, para la población campesina no étnica se han aplicado las restricciones generales del régimen jurídico de PNN, con el objetivo último de reubicarlos fuera de estas áreas.

El Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Entidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales han adelantado operativos conjuntos para capturar y judicializar a familias campesinas que habitan en los PNN de la Amazonía, presentándolos ante la opinión pública como los grandes responsables de la deforestación y como aliados de grupos narcotraficantes o de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC-EP.

Por estas y otras razones, la Comisión de Tierras Baldías está citando a esta audiencia a las cabezas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Parques Nacionales Naturales (PNN), al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministro de Defensa y al Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.  Por otro lado, están invitadas las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas de los departamentos de los que va a tratar la audiencia, así como a las organizaciones de la sociedad civil que adelantan acompañamiento a estas comunidades.

Asimismo, se invitó al Defensor del Pueblo, el Procurador Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, la Procuradora Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, el Fiscal General de la Nación, y a la representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.

El tratamiento que el Estado colombiano le ha dado a la población campesina en Parques Nacionales Naturales carece de un enfoque de derechos humanos, al darles un tratamiento homogéneo a los campesinos que habitaban los predios antes de la constitución o ampliación del parque y a los responsables de los grandes motores de deforestación.

Se espera que esta audiencia sea una herramienta para promover la reactivación de los espacios de concertación entre campesinos y entidades estatales respecto al uso, ocupación y tenencia de la tierra dentro de los PNN.

Comisión Colombiana de Juristas