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Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) visita sobre la situación de derechos humanos del pueblo raizal en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

27 de agosto de 2021. Con el propósito de analizar la situación de derechos humanos del pueblo raizal en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el CONPA y la CCJ visitaron el territorio raizal entre los días 22 y 27 de agosto.

Queremos comenzar este comunicado agradeciendo muy especialmente al Movimiento de Veeduría Cívica de “Old Providence” por su cordial invitación para su realización, al igual que a todas las personas y organizaciones que se reunieron con nosotros y compartieron todas sus valiosas experiencias y perspectivas, incluidos los pescadores tradicionales del Campamento por la Dignidad. Pudimos tomar una impresión de primera mano sobre la resiliente cultura raizal, en especial sobre la fuerza que han tenido para recuperarse ante la terrible devastación que dejo el huracán Iota tras su paso en noviembre de 2020. Destacamos el empoderamiento y liderazgo de las mujeres raizales quienes son protagonistas fundamentales tanto de la reconstrucción como de la histórica protección de la integridad y los derechos humanos del pueblo raizal.

La rica historia de los raizales se inicia en el periodo colonial esclavista e involucra la dinámica interacción de diversas culturas, incluidos los pueblos indígenas miskitos, los conquistadores europeos y preponderantemente africanos y sus descendientes; de ahí su importante riqueza y diversidad cultura. La independencia del archipiélago data de 1818, luego de lo cual adhirió a la República de Colombia en 1822. El 1 de agosto de 1834 fue abolida la esclavitud y finalizada la lucha por la emancipación del pueblo raizal. Según la Encuesta de Hábitat y Usos Socioeconómicos (DANE 2019) los raizales representan el 51,6% de la población del archipiélago[1], en la Isla de San Andrés representan el 47% de la población, mientras que en Providencia y Santa Catalina el 90,5% de la población se auto reconoció como raizal.

El contexto de la visita realizada está marcado por el impacto y las repercusiones aún visibles del devastador paso del huracán Iota por el archipiélago y su huella destructora en las Islas de Providencia y Santa Catalina. A pesar de los esfuerzos realizados y de que el Presidente de Colombia se comprometió con los raizales a que en cien días se realizaría la reconstrucción de los innumerables daños, observamos con preocupación que el proceso de reconstrucción no se ha logrado.

Lo más preocupante es que aunque persisten las amenazas de nuevas catástrofes naturales, al encontrarse el archipiélago en temporada de tormentas tropicales y huracanes, aún Providencia y Santa Catalina no cuentan con refugios, y los cuatro que se están habilitando sobre la infraestructura existente no tienen las condiciones requeridas ni la capacidad para albergar a toda la población en riesgo (su capacidad es inferior al 20%). Si bien la Isla de San Andrés no sufrió la devastación de las Islas de Providencia y Santa Catalina, también tiene un alto grado de vulnerabilidad y tampoco cuenta con la infraestructura de refugio adecuada ni con los mecanismos requeridos para afrontar una posible catástrofe natural. Preocupa además que la infraestructura hospitalaria y de salud es muy precaria en todo el archipiélago, en el caso de Providencia y Santa Catalina el único hospital disponible fue totalmente destruido por el huracán y hasta la fecha no ha sido reconstruido. Esta situación es crítica si tenemos en cuenta que nos encontramos en medio de los riesgos de la pandemia del COVID-19. La situación verificada con relación al derecho a la salud en el archipiélago es más que alarmante.

El contexto de la reconstrucción está marcado por profundas controversias en cuanto a la manera en que el Gobierno nacional adelanta la reparación de los daños provocados por el Huracán Iota, en particular por el extremadamente lento avance de las obras, al igual que por su calidad, pues no es claro que las escasas viviendas reconstruidas o nuevas cumplan con los estándares anti-huracanes requeridos. Vimos con tristeza como miles de personas afectadas aún viven en carpas o improvisados albergues, hacinadas y en condiciones socioeconómicas y de salubridad críticas.

Recibimos testimonios creíbles sobre la falta de transparencia en la ejecución de toda la política de reconstrucción, y las y los raizales sienten que a pesar de que tienen el derecho a participar y ser consultados sobre este plan, no han sido tenidos en cuenta. Advierten también que el Gobierno nacional y la OCRE no ha tenido en cuenta la capacidad de carga de Providencia y Santa Catalina, de forma tal que los cientos de militares y contratistas que adelantan las obras de construcción han generado un proceso inflacionario sobre la canasta básica de alimentos, aumentando la inseguridad alimentaria de la población local al igual que el acceso a otros bienes y servicios, incluido el alojamiento y el acceso al agua potable.

Durante la visita escuchamos además innumerables testimonios de pescadores y habitantes de Providencia y Santa Catalina descontentos por la militarización de sus territorios, en especial porque la Armada Nacional pretende desposeerlos de zonas de importancia vital para la protección de la fauna y medio ambiente de su ecosistema marino al querer implantar, en contra de la voluntad manifiesta de la población raizal, una estación de guardacostas en el territorio ancestral de Old Town Bay, que ya había sido rechazada en un proceso de consulta previa adelantado en el año 2015[2]. El pueblo raizal no logra entender como en medio de la situación de debilidad manifiesta y humanitaria que los afecta, en vez de centrar los recursos y la capacidad institucional del Estado en atender sus imperiosas necesidades, el Gobierno nacional ha priorizado polémicas infraestructuras como las militares y la ambientalmente compleja ampliación del aeropuerto.

Esta compleja situación agrava la ya precaria situación de derechos humanos del archipiélago enmarcada en cientos de desapariciones -incluidas desapariciones forzadas- de raizales debido, según los testimonios recibidos, al impacto que ha tenido el conflicto armado y el narcotráfico en el región en las últimas décadas. A lo que debe sumarse la ya crítica situación ambiental y de derechos económicos, sociales y culturales, derivada de los fallidos procesos para limitar los derechos de circulación y residencia para controlar la desbordada redensificación poblacional en este sensible y limitado ecosistema, en particular en la Isla de San Andrés, impactada además por un turismo incontrolado y ambientalmente insostenible.

En síntesis, la conclusión preliminar de esta visita es que la situación de derechos humanos de la población raizal y del Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es alarmante y precaria. Nos solidarizamos con las familias damnificadas del pueblo raizal y las comunidades que habitan el litoral, la mayoría de ellas mujeres, niñas, niños y personas mayores que requieren una protección urgente y con enfoque diferencial. También nos solidarizamos con las familias de los cientos de raizales desaparecidos o encarcelados en el extranjero sin el reconocimiento estatal y/o sin la protección consular requerida y urgimos a las instituciones del Estado responsables, en particular a la Cancillería, a realizar una urgente evaluación integral de esta situación y adoptar las medidas que sean necesarias para conjurarla. Reiteramos al Presidente de la República la solicitud del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Colombia de que “dado el inminente riesgo que implica la nueva temporada de huracanes en el Caribe y en el Atlántico, es necesario y prioritario implementar acciones con el doble propósito de recuperación y prevención, ante el riesgo al que están expuestas las miles de personas raizales, residentes y visitantes-turistas del Archipiélago de San Andrés”[3]. Implementar una política integral de derechos humanos en la región también es una necesidad urgente, en particular para proteger la integridad y cultura del pueblo raizal.

Instamos a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y demás entes de control a designar equipos especializados para reforzar el control preventivo y monitoreo integral de toda la política de reconstrucción del archipiélago. El equipo de las Naciones Unidas en Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pueden jugar un papel importante en el monitoreo de la situación y en el acompañamiento al pueblo raizal en la superación de esta tragedia. Es crucial que la Defensoría del Pueblo, como institución nacional de derechos humanos, acompañe y haga seguimiento al conflicto en el territorio ancestral de Old Town Bay. El acompañamiento de la sociedad civil en Colombia al pueblo raizal es un imperativo humanitario de urgente cumplimiento. Se requiere además toda la cooperación internacional posible y garantías para que los recursos hasta ahora entregados y los nuevos recursos requeridos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

La participación y consulta previa son principios fundamentales para la protección de todos los derechos del pueblo raizal y son especialmente importantes cuando estas comunidades tratan de mantener el control de sus territorios y recursos frente a una considerable presión de agentes estatales y privados. Reiteramos que el derecho a la participación y consulta previa debe ser respectado y hacerse efectivo en relación con todas las decisiones que afecten al pueblo raizal y sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que el proceso de reconstrucción se realice en cumplimiento de los estándares jurisprudenciales en la materia y con la participación y cooperación del pueblo raizal, en particular de las mujeres raizales, cuya sabiduría y resiliencia seguro serán de vital importancia para la urgente rehabilitación y la reconstrucción requerida.

[1] Según el Censo General de 2005 la población raizal del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es de 30.565 personas, debido a la persistencia de la subdeterminación estadística del DANE en materia de afrodescendientes y las reconocidas fallas del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, esta población en el periodo intercensal se redujo el 16,5%, 25.515 personas (DANE-DCD. CNPV 2018).

[2] Para mayor información véase La Silla Vacía “En Providencia, la Armada Aprovecha IOTA para asentarse en la Isla”, en: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-providencia-la-armada-aprovecha-iota-para-asentarse-en-la-isla/ (marzo 21, 2021)

[3] Agencia de Noticias UN “UNAL urge obras en Archipielago de San Andrés y prevenir riesgo de huracanes”, en: http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/unal-urge-obras-en-archipielago-de-san-andres-y-prevenir-riesgo-de-huracanes.html (24 agosto de 2021)