Tierras

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La Avianca: historia de una promesa incumplida

Miércoles 24 de marzo de 2021

24 de marzo de 2021. Desde hace más de treinta años los y las campesinas de La Avianca le reclaman al Estado la satisfacción del derecho a la tierra, una promesa hecha en aquel entonces por el Incora y la Procuraduría en el marco de la reforma agraria, y aunque esa promesa fue repetida a la sociedad unos años después con la promulgación de la Constitución de 1991 y reiterada con la expedición de la Ley 1448 de 2011, para los vianqueros y vianqueras -como ellos mismos se denominan- ha sido repetidamente incumplida.

El primer incumplimiento se dio en junio de 1999 cuando el Estado colombiano fue incapaz de impedir su desplazamiento masivo ocasionado por la violencia paramilitar: amenazas, hostigamientos y homicidios que se dieron en el corregimiento. No fue sino hasta el 24 de marzo de 2007 que algunas familias pudieron regresar a La Avianca e iniciar un proceso de retorno colectivo durante los meses siguientes.

La segunda vez que el Estado incumplió sus promesas fue en el 2015 cuando un juez de restitución de tierras rechazó las múltiples solicitudes interpuestas por la Comisión Colombiana de Juristas en nombre de los vianqueros para que fuesen considerados parte en un proceso de restitución de tierras, iniciado por personas que se autodenominaron propietarios legítimos de La Avianca sin siquiera conocerla. A pesar de la puesta en marcha de otro proceso de restitución al mismo tiempo, no fue posible evitar que el juzgado 01 de restitución de tierras de Santa Marta ordenara restituir las fincas a quienes nunca las habían trabajado. El desalojo, aunque pareció inminente, pudo mantenerse suspendido hasta hoy.    

Cuatro años más tarde, en 2019, la Corte Constitucional reconoció que los vianqueros tenían derecho a un único proceso judicial que incluyera todas las demandas de propiedad sobre La Avianca, y el juez en Santa Marta había incurrido en un error al no acceder a la solicitud de vinculación procesal para adoptar una decisión de fondo.

Hoy, dos años después de la decisión de la Corte, el proceso de restitución de tierras aún no cuenta con una sentencia; nuevamente la institucionalidad le incumple al campesinado, esta vez por cuenta de entidades como Corpamag que no acatan los requerimientos judiciales en materia probatoria en el término dispuesto para ello.

Pese a todos estos obstáculos los vianqueros resisten en sus tierras, buscando fuentes y mecanismos que les permitan fortalecer su cooperativa agraria, un modo de asociación que les facilita la comercialización de sus productos en municipios cercanos y que robustece el tejido comunitario que la violencia no logró destruir.

Desde la Comisión Colombiana de Juristas no nos cansaremos de reclamar la puesta en marcha de una justicia agraria realmente campesina y de demandar a la sociedad el cumplimiento de todas las promesas hechas a las víctimas.

Comisión Colombiana de Juristas