Investigación

Amenaza, un patrón de las violaciones a los derechos humanos en Córdoba
Patrones: Asesinato de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DDHH

En el departamento de Córdoba, durante el último año, las afectaciones humanitarias por cuenta de la violencia sociopolítica y el conflicto armado, han alcanzado niveles aterrorizantes, que no han recibido la atención y respuesta necesaria por parte del Estado. Entre las estrategias intimidatorias, las amenazas son una práctica criminal con diversas modalidades, que se han mantenido invisibilizadas y frente a las cuales el Estado ha sido aún más negligente.

Por esta razón, el 25 de septiembre las Senadoras Victoria Sandino Simanca, Aida Avella Esquivel y los Senadores Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia e Iván Cepeda realizaron audiencia pública sobre la crisis humanitaria en el Departamento de Córdoba, en el Congreso de la República. Allí se contó con una delegación de representantes de las organizaciones y sectores sociales del departamento, quienes denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen cometiendo en Córdoba[1].

Las intervenciones realizadas por diferentes organizaciones sociales, ONG y los congresistas, evidencian un elemento común y esclarecedor, los grupos armados que hacen presencia en la región, especialmente los grupos paramilitares, vienen utilizando sus repertorios de violencia con el objetivo de sembrar terror entre la población civil y las organizaciones sociales. Entre las estrategias más usadas para infundir terror se encuentran las amenazas, las masacres, el asesinato de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, las torturas, etc. Prácticas que han generado en el último periodo desplazamientos masivos de comunidades rurales como el desplazamiento forzado en marzo de 2019 de más de dos mil personas que se concentraron en el corregimiento de Juan José, municipio de Puerto Libertador[2].

La Comisión Colombiana de Juristas ha documentado entre el primero de enero de 2016 y el 15 de septiembre de 2019 un total de 67 amenazas dirigidas hacia personas defensoras del departamento de Córdoba. De ellas las modalidades más utilizadas han sido amenazas por panfleto (17 casos) y amenazas verbales (16 casos).  Frente a la autoría de las amenazas es importante señalar que son los grupos paramilitares los principales presuntos responsables con el 47,8% de las amenazas. De este número, el 25,4% por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el 11,9% por parte de las Águilas Negras (8 cas0s). En muchos casos las amenazas han sido principalmente reiteradas contra personas visibles de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de organizaciones como la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (ASCSUCOR) la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (ASODECAS) y la Fundación Cordobexia. Personas y organizaciones sociales que se encuentran en situación de extremo riesgo y demandan toda la protección del Estado.

Las amenazas tienen un especial impacto individual, familiar y colectivo, que afecta el proyecto de vida de las víctimas, generando su desplazamiento forzado, y el debilitamiento de los procesos colectivos. Las anteriores organizaciones del sur de Córdoba que han sido víctimas de amenazas, han tenido como impacto el desplazamiento de varios de sus miembros, generando graves pérdidas de liderazgo en los territorios, debilitamiento de sus actividades organizativas y de exigibilidad de derechos.

Estos datos contribuyen a evidenciar la existencia de patrones en la violencia contra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en el sur de Córdoba[3]. Con los anteriores datos se demuestra que las amenazas que cometen los grupos paramilitares contra las personas defensoras de derechos humanos, no son actos aleatorios, y por el contrario son hechos continuos y repetitivos, que indican una naturaleza planeada.

Esto desde la perspectiva del derecho penal internacional implica el carácter sistemático de las violaciones a la integridad, como las amenazas, que cometen los grupos paramilitares contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el departamento de Córdoba[4], dado que la Corte Penal Internacional ha dicho que la sistematicidad se refiere a la “naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria”[5].

Por su parte, la respuesta de Estado frente a las amenazas que han ocurrido en todo el país y en el departamento de Córdoba, ha sido aún más precaria que frente a otras victimizaciones como los homicidios. En materia de Investigación, las amenazas contra personas defensoras y líderes sociales son asumidas por la Delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación, delegada que ha mostrado escasos resultados en la investigación y esclarecimiento de los casos de amenazas. En respuesta a un derecho de petición la Fiscalía General de la Nación ha informado que por hechos de amenaza cometidos entre 2017 y 2018 se abrieron 1,172 procesos, frente a los cuales los avances son mínimos si se contrasta con los resultados, en los que se han producido tan solo 3 condenas, 9 imputaciones y 8 juicios[6].

Frente a los procesos por amenazas, ha existido una negativa dentro de la Fiscalía General de la Nación de asignar los casos de amenazas a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, creada por el Acuerdo de Paz, que cuenta con parámetros y metodologías de investigación mucho más contextuales que permiten superar la investigación caso a caso de la Fiscalía General de la Nación, y por ende permitía un mayor esclarecimiento de los autores intelectuales, las causas y los intereses que hay detrás de los crímenes.

Por esta razón es que varias organizaciones de la sociedad civil en el marco de una audiencia pública celebrada el 26 de septiembre durante el 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, exigieron al Estado colombiano una respuesta oportuna y efectiva frente al incremento de las amenazas hechas en contra de las personas defensoras de derechos humanos[7].

Las investigaciones sobre amenazas contra personas defensoras, líderes y lideresas en Córdoba deben vincularse a las investigaciones que se adelantan en los casos de homicidios, porque es claro que existe una relación directa entre las amenazas y asesinatos. En el sur de Córdoba se vienen presentando violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, donde los grupos paramilitares son aparatos coercitivos que conviven y suplantan al Estado gracias a la omisión y/o connivencia de los funcionarios y fuerza pública. Frente a este complejo panorama existen muchos elementos que deben esclarecerse para determinar los verdaderos intereses que motivan la actual crisis humanitaria. La sociedad civil en su conjunto, la comunidad internacional y las entidades de Gobierno deben unir esfuerzos para enfrentar esta grave situación. 

[1] Confidencial Colombia. Líderes del Sur de Córdoba denuncian crisis humanitaria en su territorio. Septiembre 25 de 2019. Disponible en línea en: https://confidencialcolombia.com/actualidad/lideres-del-sur-de-cordoba-denuncian-crisis-humanitaria-en-su-territorio/2019/09/25/

[2] W Radio. Continúan desplazamientos masivos en el sur de Córdoba: 2.200 personas están en Juan José. Abril 2 de 2019. Disponible en: https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/continuan-desplazamientos-masivos-en-el-sur-de-cordoba-2200-personas-estan-en-juan-jose/20190402/nota/3885806.aspx

[3] Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT), Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Confederación Nacional de Acción Comunal, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) – Universidad Nacional de Colombia, Movimiento Ríos Vivos, Programa Somos Defensores, Verdad Abierta (2018). ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Bogotá. Disponible en digital en: http://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173

[4] Comisión Colombiana de Juristas. Crímenes sistemáticos contra organizaciones sociales y de derechos humanos en el Sur de Córdoba. Patrones: Asesinato de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de DDHH - Comunicado #01. Junio 28 de 2019. Disponible en: https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=234

[5] Traducción informal. CPI. Sala de Cuestiones Preliminares I. Situación en Darfur, Sudán en el caso de El Fiscal vs. Ahmad Muhammad Marun (“Ahmad Marun”) y Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman (“Ali Kushayb”). Decisión sobre la solicitud del Fiscal bajo el Artículo 58(7) del Estatuto de Roma. 27 de abril de 2007. Párrafo 62.

[6] Fiscalía General de la Nación, 3 de septiembre de 2019.  Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/tres-condenas-por-amenazas-contra-periodistas-defensores-de-derechos-humanos-y-lideres-sociales/

[7] Asociación Minga, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CEEUU-, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Fundación Nydia Erika Bautista, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Ruta Pacífica de las Mujeres, y SISMA Mujer. Insuficiente respuesta del Estado colombiano ante amenazas contra personas defensoras de DD.HH, en audiencia de sociedad civil ante la CIDH 173° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en Washington. Septiembre 26 de 2019. Disponible en: https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=258