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No más violencia del ESMAD contra la población civil ni vandalismo contra la fuerza pública

La Comisión Colombiana de Juristas manifiesta su solidaridad con todas las víctimas, tanto pertenecientes a la sociedad civil como a la fuerza pública, que han sufrido acciones violentas desde el día 21 de noviembre en el marco del paro nacional y los días siguientes a esta convocatoria, y rechaza las graves agresiones ejercidas por desconocidos contrarios al espíritu pacífico de las manifestaciones y por algunos miembros de la fuerza pública.

A la fecha se registran por lo menos 341 uniformados heridos, 232 de los cuales han tenido que ser hospitalizados en Bogotá a causa de lesiones causadas por comportamientos reprochables de turbas o de individuos sin ninguna consideración por los derechos de estos servidores públicos.

De igual modo, según la campaña “Defender la Libertad”, se registran 831 casos de retenciones durante las manifestaciones, y de acuerdo a la Secretaría de Salud entre jueves y sábado 351 manifestantes han resultado heridos, de los cuales tristemente se destaca lo sucedido en Bogotá durante la concentración del día 23 de noviembre en el centro de la ciudad.

Dilan Cruz, un joven estudiante que manifestaba su inconformidad haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta, de manera pacífica y a la luz del día, sin capuchas, sin armas, con la plena intención de apoyar y promover un cambio que le asegurara un futuro digno, fue herido por un miembro del ESMAD que habría disparado de forma directa hacia el joven (lo cual está prohibido en los protocolos de actuación de este escuadrón), que a causa de una lesión cráneo encefálica murió en la noche del lunes. Además, hay denuncias que señalan que el agente presuntamente habría usado un proyectil recalzado, esto está prohibido por el derecho internacional.

Rechazamos este acto de violencia y sobre todo la negativa de las autoridades competentes a aceptar esta grave acción como lo que es, porque no se trató de un accidente: la muerte de Dylan es resultado del uso excesivo de la fuerza y la represión violenta de la fuerza pública a un civil que se debía proteger.

Exigimos que en adelante se garantice la seguridad de todas las personas que se están manifestando en rechazo a las reformas que plantea el gobierno nacional. Resaltamos que las marchas, plantones, cacerolazos y demás expresiones no son la causa de la violencia, sino la consecuencia de un gobierno sordo a las exigencias de la población. Resaltamos también que, durante la jornada de paro nacional en el departamento de Boyacá, especialmente en Tunja, no se han presentado disturbios de ninguna clase desde el mandato del gobernador de no convocar al ESMAD a las protestas presentadas en los días transcurridos de paro.

Alentamos a los organismos internacionales de derechos humanos y demás organizaciones sociales a solidarizarse y pronunciarse en torno a lo aquí expuesto, y a seguir monitoreando y denunciando este tipo de situaciones.