Más de 70 organizaciones nacionales e internacionales enviamos hoy una carta a la Embajadora Elisabeth Tichy-Fisslberger, Presidenta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), y a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), para solicitar la garantía del derecho a la participación de la sociedad civil, especialmente de la latinoamericana, en el marco de las reuniones virtuales ordinarias e informales instauradas con motivo del COVID-19.
En esta carta, el Grupo ONG-LAC, un grupo de organizaciones basadas en Ginebra que acompañan la participación de organizaciones de base, organizaciones nacionales y movimientos sociales en el Sistema Internacional, y más de 70 organizaciones de América, expresamos la importancia de que se cumpla con unas condiciones mínimas que aseguren la adecuada participación de sociedad civil, considerando su pluralidad y diversidad.
"Consideramos que uno de los potenciales beneficios de estos mecanismos sería una participación más amplia de sociedad civil desde distintos países que también son usuarios del Sistema. Sin embargo, desde nuestra experiencia como organizaciones trabajando en América Latina y el Caribe, quisiéramos señalar aspectos que ameritan cuidadosa consideración al respecto de los riesgos que conlleva la virtualización de los espacios internacionales de gobernanza.", sostenemos en la carta.
Asimismo, advertimos que "en muchas comunidades y regiones del mundo, incluyendo en América Latina y el Caribe, las personas no tienen acceso a Internet o tienen que desplazarse fuera de sus hogares para obtener dicho acceso, algo que no es posible en la situación actual de confinamiento. Igualmente, en muchos lugares la conexión no es estable o suficiente, por lo que puede permitir enviar o recibir emails, pero no hacer un seguimiento por tiempo prolongado de una reunión. Esto no solo limita la participación en la propia reunión, sino también la preparación previa entre las organizaciones con estatus ECOSOC y las organizaciones de base que éstas apoyan y para las cuales sirven como canal de comunicación. La accesibilidad de espacios y discusiones virtuales también puede verse obstaculizada por razones lingüísticas y de huso horario. Por otra parte, muchas organizaciones de sociedad civil operan en regiones o contextos opresivos, bajo la mirada vigilante de los Estados y otros agentes. Estas condiciones conllevan riesgos digitales importantes que pueden comprometer la seguridad de la información, de la comunicación, y por consecuente, de los miembros y organizaciones de sociedad civil involucrados. La ausencia de un pleno acceso a Internet amplifica exponencialmente esta vulnerabilidad."
Finalmente, solicitamos que se aclare cuáles son las normas de procedimiento del CDH y de la OACDH que regirán para deliberaciones virtuales, incluyendo el estatus de las decisiones y acuerdos que se tomen en estas sesiones. También describimos diez medidas que se deberían adoptar para garantizar la participación.
A continuación compartimos la carta completa con las diez medidas, tanto en español como en inglés: