Declaración oral sobre el informe del Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 60° período de sesiones

Señor Presidente:

El gobernador indígena Nasa, Reinaldo Quebrada Quilcué, fue acusado por el Estado colombiano de secuestro y deforestación, cuando ejercía su rol de autoridad tradicional mediando en un conflicto generado durante una incursión de la Fuerza Pública en el marco de una operación militar (Operación Artemisa) que se caracterizó por persecución y violencia contra comunidades asentadas en áreas ambientalmente protegidas.

Reinaldo fue privado de su libertad por más de tres años, y se negó la posibilidad de que su caso fuera conocido por la jurisdicción especial indígena. Tras mil días de detención y cuatro solicitudes de revocatoria, en marzo de 2025 se ordenó su libertad inmediata, aunque el juicio en su contra continúa.

La Fiscalía le ha ofrecido acceder al principio de oportunidad, donde a cambio de reconocer su responsabilidad por delitos que no cometió, se suspendería la acción penal. Como condición para otorgar este beneficio, Reinaldo debe cumplir supuestas medidas de reparación, como la elaboración de un código interno de uso  adecuado de recursos naturales por parte de la comunidad indígena o un código sobre debida aplicación de la justicia propia, lo que daría a entender que hubo faltas en ambas cosas en este caso. 

Esta propuesta, aunque le garantiza la libertad a Reinaldo, vulnera su dignidad y la autonomía de su comunidad: lo obliga a admitir responsabilidad por delitos que no cometió, cuestiona su legitimidad como autoridad tradicional y sienta un grave precedente para otros liderazgos indígenas. Por ello solicitamos al Relator Especial sobre pueblos indígenas que monitoree la evolución del caso y solicite al Fiscal precluir la investigación contra Reinaldo.