Señor Presidente:
Son preocupantes las barreras en el sistema judicial colombiano para investigar los casos de terceros financiadores y beneficiarios del accionar de grupos paramilitares y grupos armados en Colombia.
La apertura del caso 08 en la Jurisdicción Especial para la Paz plantea una oportunidad para que empresarios vinculados a graves violaciones a los derechos humanos contribuyan a esclarecer los hechos para las víctimas, a pesar de que hasta ahora su contribución con la Jurisdicción ha sido casi nula.
En el caso de la empresa de carbón Drummond es el antiguo comandante paramilitar Salvatore Mancuso quien recientemente declaró que había sido el jefe de seguridad de esta empresa, James Adkins, quien entregó a las Autodefensas Unidas de Colombia un listado de sindicalistas que luego fueron asesinados[1].
Por más de 14 años esta empresa ha negado la financiación a las AUC y su relación en los hechos de violencia antisindical, mientras las víctimas han luchado para que los asesinatos, amenazas y estigmatizaciones no permanezcan en la impunidad. Tras innumerables dilaciones, la Fiscalía General de la Nación confirmó el 31 de mayo la acusación en la justicia ordinaria contra dos de los directivos de Drummond por el delito de concierto para delinquir agravado[2]. Este proceso penal se encontraba suspendido, desde febrero de 2021.
Es necesario que el Grupo de Trabajo realice un seguimiento de cerca a este caso y a otros en la Jurisdicción, e inste a las empresas a cumplir con su parte en la construcción de la verdad y la paz en nuestro país.
Gracias Señor Presidente.