Señor Vicepresidente:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recomienda a Colombia “fortalecer la capacidad institucional para mejorar la protección de la población civil en los territorios1.
Lo anterior ocurre porque, pese a que se registran importantes avances en temas de paz, como ceses al fuego con dos grupos armados, escenarios de paz con organizaciones criminales de tres ciudades, la adopción de la política de desmantelamiento, la recuperación de más de 1.000 cadáveres por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y algunos avances concretos en materia de tierras, la implementación del Acuerdo de 2016 sigue muy retrasada, en particular en materia étnica y de género. Esto le resta credibilidad e impacto a la política de Paz total. Se requieren esfuerzos decididos, sobre todo de articulación interinstitucional, para priorizar esta implementación y generar así el ambiente apropiado para otras conversaciones de paz.
Infortunadamente, la situación de derechos humanos se ha agravado debido a la expansión de grupos armados y estructuras criminales en el país. Como lo señala el Informe del Alto Comisionado, aumentaron las masacres (98) y el reclutamiento forzado de niñas y niños, y continúan los desplazamientos forzados, confinamientos y violencias contra mujeres y niñas. Con, al menos, 100 asesinatos el año pasado, la Corte Constitucional declaró la violación estructural de derechos de las personas defensoras de derechos humanos2, pese a las numerosas iniciativas gubernamentales anunciadas para frenar esta violencia.
Urge que Colombia avance pronto en la concreción de las importantes medidas y políticas en derechos humanos con las que se ha comprometido. Para ello, la Oficina del Alto Comisionado está siendo y será determinante.
Gracias.