Ginebra, 8 de marzo de 2019
Señora Vicepresidenta:
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco) y Brigadas Internacionales de Paz (PBI) saludamos el informe del Relator Especial Michel Forst sobre la situación de las mujeres defensoras de derechos humanos. Reiteramos el riesgo extraordinario que enfrenta este colectivo en Colombia, su dificultad para acceder a la justicia y los altos niveles de impunidad que rodean los crímenes en su contra.
Dentro de las prioridades identificadas por el Relator Especial, destacamos la necesidad de “documentar e investigar todas las formas de riesgo, amenazas y ataques (…), asegurándose de que se enjuicie a los autores, tanto si se trata de agentes estatales como de agentes no estatales”.
Para avanzar en la lucha contra la impunidad de los crímenes contra mujeres defensoras, lideresas comunitarias y víctimas del conflicto en Colombia, es de vital importancia que el Presidente Iván Duque firme, antes del 11 de marzo, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin esta firma, esta nueva Jurisdicción no podrá funcionar apropiadamente. Se ralentizarán aún más el acceso a la justicia y el esclarecimiento de hechos como la violencia sexual, causando la revictimización de las mujeres que sufrieron las consecuencias más brutales del conflicto armado.
Al parecer el Presidente colombiano anunciará hoy sus objeciones a esta Ley, ya avalada por la Corte Constitucional. Si esto ocurre, el texto deberá regresar al Congreso, donde seguramente se le introducirán cambios que aumenten los riesgos de impunidad para los perpetradores de violencia contra las mujeres defensoras. Por lo anterior, pedimos a este Consejo que urja a Colombia a que demuestre, más allá de las palabras, su firme Voluntad de implementar el Acuerdo de Paz, firmando la mencionada Ley.