Declaración oral presentada por la Comisión Colombiana de Juristas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Señor Presidente:

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia ha estado acéfala. El  período  del  representante  Todd  Howland,  quien  realizó  una  valiosa  labor  desde  2012, expiró  a  finales  del  año  pasado.  Como  el  Gobierno  no  había  acreditado  a  su  sucesor, designado ya por la Oficina en Ginebra, la presentación de su informe anual en Colombia fue aplazada de manera indefinida el viernes pasado en Bogotá.

La celebración de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc hace ahora más urgente que nunca el cumplimiento del mandato de asistencia técnica y de observación atribuido a la Oficina  para  ayudar  a  superar  la  crisis  de  derechos  humanos  en  el  país.  Más  aún,  dicho Acuerdo le asignó la función adicional de hacer seguimiento a su implementación en materia de derechos humanos.

El  retraso  para  acreditar  al  nuevo  Representante  designado  para  Colombia  por  el  Alto Comisionado es inadmisible y afecta gravemente a la población. El Estado colombiano debe honrar  los  compromisos  adquiridos   con  las  Naciones  Unidas  en  virtud  de  la  decisión adoptada en 1996 por la Comisión de Derechos Humanos que solicitó al Gobierno y al Alto Comisionado crear su oficina en Colombia y definió su doble mandato. 

Agradecemos al Consejo de Derechos Humanos y a sus miembros por exhortar a Colombia a cumplir las obligaciones que tiene con este órgano, sucesor de la Comisión, en relación con el adecuado   funcionamiento   de   la   Oficina,   y   a   acreditar   sin   más   dilaciones   al   nuevo Representante. Esto no debió haber sucedido y no debería volver a suceder.

Gracias, señor Presidente.