Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 43° período de sesiones
Debate General – Item 3
Leído por: José William Muñoz Cárdenas
Ginebra, marzo de 2020
Gracias señora Presidenta.
Queremos llamar la atención sobre la grave situación humanitaria que se presenta en el Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia en Colombia.
Durante 2019, se registraron 371 homicidios de 340 hombres y 31 mujeres[1]; asimismo 31 casos de desaparición forzada, en los que 10 de las víctimas eran mujeres[2], a lo cual se suma el hallazgo en el río Cauca de cuerpos de personas decapitadas[3] con signos de tortura. En los últimos dos años, más de 4.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado[4]. El 17 de enero de 2020, en el Corregimiento del Guáimaro en Tarazá, se presentó una masacre de 5 personas[5], dos de ellas líderes de Juntas de Acción Comunal, acción que generó el desplazamiento de 30 familias.
En el Departamento de Antioquia durante el 2019 se presentaron 400 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre ellos 24 homicidios, 11 de estos cometidos en el Bajo Cauca[6]. Estos hechos se producen en un contexto de alta militarización e intereses económicos que confluyen en la zona[7].
Al respecto, saludamos los informes de la Alta Comisionada sobre Colombia y el relator sobre Defensores de derechos humanos, y solicitamos al Consejo de Derechos Humanos que llame al Estado colombiano a cumplir con las recomendaciones de ambos informes de implementar “todos los puntos del Acuerdo de Paz de manera sostenida e integral”[8]. La paz en nuestros territorios requiere que se activen acciones efectivas para la protección de líderes y lideresas sociales, el desmantelamiento del paramilitarismo y la implementación plena de la Reforma Rural Integral, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos contemplados en el Acuerdo de Paz. Su implementación es la esperanza de nuestras comunidades para lograr la paz en las zonas rurales.
Muchas gracias.