Declaración oral sobre Informe del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 57° período de sesiones

Señor Presidente:

Saludamos la creación de este mandato y la presentación de su primer informe.

El Acuerdo de Paz de 2016 estableció la creación de una jurisdicción agraria para que los conflictos sobre la tenencia de la tierra sean resueltos a través de la administración de justicia. Históricamente, Colombia ha tenido uno de los peores registros en distribución de tierras y desigualdad: la propiedad de más de dos tercios de las tierras productivas del país pertenece a menos del 1% de la población[1]. Durante el conflicto, las comunidades han sido expulsadas a través de mecanismos violentos, administrativos, políticos y judiciales por parte de diversos actores.

No hay cifras exactas del despojo de las tierras. Se estima que 6 millones de hectáreas han sido arrebatadas violentamente a campesinos, beneficiando a empresas, narcotraficantes y grupos armados. En la actualidad permanecen impunes los responsables, pues no hay un delito que condene esta práctica.

Solo hasta el 2023 se creó esta jurisdicción que contempla un proceso judicial ágil y la defensa técnica gratuita para los campesinos. Sin embargo, no ha sido posible que el Congreso cree los principios y procedimientos que orienten su funcionamiento, por lo que es fundamental que este mandato haga seguimiento a este trámite legislativo y asegure que esta nueva jurisdicción contemple mecanismos que garanticen los derechos de los campesinos.

[1] International Land Coalition & OXFAM. (2017). Desigualdad de la Tierra en el Corazón de Sociedades Desiguales. Disponible en: https://www.landcoalition.org/en/uneven-ground/shocking-state-land-inequality-world/