Bogotá – Costa Rica, 8 de noviembre de 2022. Este martes, en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado de Colombia reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro y por la vulneración de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Durante la intervención de la representación estatal, Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, recalcó que “los hechos ocurridos nunca deben repetirse” y también destacó que “saber la verdad de lo ocurrido representa el mayor símbolo de dignificación” para la familia Tabares Toro.
Después de 20 años de trámite en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte IDH convocó a las víctimas de este caso, a sus representantes, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Estado colombiano a una audiencia que se llevó a cabo este 8 de noviembre de 2022, en la sede de este Tribunal, ubicada en Costa Rica.
La noche del 28 de diciembre de 1997, en San Juanito (Meta) se escuchó el estruendo de una granada, una riña, tres o cuatro disparos y la voz de un soldado gritando asustado “no me maten, no me maten”. En ese momento, Óscar Iván, soldado profesional de la compañía “Tigre”, sección “Gil Alfa” del batallón de contraguerrillas No. 20 del Ejército Nacional, fue desaparecido forzadamente y, presuntamente, ejecutado extrajudicialmente por sus superiores del Ejército.
Durante casi veinticinco años, María Elena Toro, madre del soldado, ha buscado saber la verdad de lo acaecido con su hijo aquella noche, la sanción de los responsables de su desaparición forzada y que el Estado repare el daño que ha padecido tanto ella como su familia.
En virtud del reconocimiento de responsabilidad del Estado, de lo expuesto en los testimonios y peritajes durante la audiencia y de las pruebas recopiladas, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) solicitó a la Corte IDH, entre otras, que:
Comisión Colombiana de Juristas