Litigio internacional y contencioso administrativo

Organizaciones de DD. HH. presentan a la CIDH propuestas para mejorar la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia

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Washington, DC/Bogotá, DC, octubre 27 de 2022. El jueves 27 de octubre, organizaciones de la sociedad civil a nivel regional intervendrán en la audiencia temática sobre la implementación de las medidas cautelares de personas defensoras en Colombia, en el 185° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia fue requerida por las organizaciones firmantes que, ante las graves falencias en la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a personas defensoras, consideramos que estamos frente una gran oportunidad de lograr un cambio de paradigma en su abordaje. Hemos visto una falla reiterada y sistemática de parte de las diversas instituciones encargadas de la implementación del mecanismo cautelar que beneficia a quienes ejercen el derecho a defender derechos, lo que agrava sustancialmente su situación de riesgo y no les hace sentir protegidos.

Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz y hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y defensoras de derechos humanos han sido asesinados, de los cuales 250 son miembros de comunidades indígenas y 71 son personas afrodescendientes. Pese a que la Fiscalía emitió una directiva para investigar los crímenes contra personas defensoras, la impunidad sigue siendo la regla y Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para el ejercicio a la defensa de derechos humanos.

Las fallas en la implementación de las medidas cautelares van desde la activación de rutas de protección con poca participación de las defensoras y los defensores sujetos de protección, demoras en la aplicación de los esquemas y evaluaciones de riesgo parcializadas que terminan en el levantamiento de esquemas de protección aun cuando están vigentes las medidas ordenadas por la CIDH, hasta vehículos con averías, chalecos antibalas en mal estado o que no se adecuan físicamente al cuerpo de la persona beneficiaria, teléfonos o botones de pánico que no funcionan, números telefónicos de las líneas de emergencia que se encuentran registrados por terceros, cuando deberían ser de conocimiento y uso exclusivo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la persona beneficiaria.

La actual implementación de las medidas cautelares no incorpora adecuadamente los enfoques étnicos, de género ni interseccionales, no reconoce la cosmovisión de los pueblos étnicos, los entornos de vida y las necesidades específicas de las personas beneficiarias, por lo que, por ejemplo, se priorizan medidas de protección individual o diseñadas para contextos urbanos para beneficiarios viven en la ruralidad. Además, no se reconoce ni incluye en las medidas a sus grupos familiares.

Por todo lo anterior, urge que el Estado colombiano adopte un enfoque preventivo ante las agresiones a personas defensoras. Para ello, las organizaciones presentamos a la CIDH y al Estado una propuesta de protocolo de medidas de protección en favor de personas defensoras de derechos humanos que permita el efectivo goce del derecho a defender derechos en el país.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL_

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” –CAJAR-

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-

Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz –J&P-

Corporación Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

Corporación Reiniciar

Corporación Sisma Mujer