Litigio internacional y contencioso administrativo

Cuatro casos de los mal llamados ´falsos positivos´ serán estudiados por la CIDH

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Bogotá, 27 de enero de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió recientemente los casos de Alix Fabián Vargas Hernández, Omar Leonardo Triana Carmona, Óscar Alexander Morales Tejada y Yonny Duvián Soto Muñoz, víctimas de desaparición forzada y homicidio presentado falsamente como baja en combate.

Este organismo internacional determinó, en virtud de la información entregada por el Estado colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas, representantes legales de las víctimas, que existen elementos indicativos y claros sobre las posibles violaciones de:

“[E]l derecho a la vida; (b) el derecho a la integridad personal, tanto de los jóvenes ejecutados como de sus familiares, por los crímenes en sí mismo y por la impunidad resultante; (c) el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, relacionado con los alegatos de desaparición forzada; (d) el derecho a la libertad personal, puesto que los cuatro jóvenes habrían sido ilegal y arbitrariamente retenidos por agentes militares previo a su ejecución; (e) el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial, dada la alegada ausencia de judicialización y sanción de todos los responsables de los hechos; (f) el derecho a la honra y dignidad, dada la presentación pública de los cuerpos como los de guerrilleros o delincuentes dados de baja en combates con el Ejército, lo cual pudo haber repercutido sobre el buen nombre y la seguridad de sus familiares; (g) el derecho de acceso a la información, dadas las negativas de la Fiscalía a proveer acceso al expediente a los familiares de las víctimas durante la fase de investigación preliminar; (h) el derecho a la protección de la familia, dado el impacto destructivo que la desaparición y muerte de los jóvenes surtió sobre sus respectivos núcleos familiares; e (i) la obligación estatal de prevenir, abstenerse de perpetrar, investigar y sancionar las desapariciones forzadas de personas”[1].

La responsabilidad del Estado colombiano por la vulneración grave de estos derechos humanos será definida en una etapa posterior, pero por ahora el informe de la CIDH que admite estos casos es para las víctimas y la sociedad colombiana una esperanza de alcanzar justicia. Como señaló la Comisión Interamericana, existe una demora injustificada de más de una década sin esclarecer lo ocurrido con estos cuatro jóvenes; tampoco se ha judicializado a los responsables ni se ha reparado integralmente a las familias.

Los homicidios de Alix Fabián, Omar, Óscar y Yonny ocurrieron entre el 2007 y 2008, años que están dentro del periodo en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que habría más de 6402 víctimas de los mal llamados ‘falsos positivos’. Desde 2002 hasta 2010, jóvenes de diversos puntos del país fueron asesinados por militares que recibieron incentivos como vacaciones y ascensos por acabar con la vida de civiles que hicieron pasar por combatientes al margen de la ley.

Si quiere conocer más de las historias de estos cuatro jóvenes, le invitamos a consultar la página web Tejiendo memoria, una herramienta multimedia y un mecanismo de afrontamiento emocional en el que las víctimas, sus familiares y las comunidades pueden recordar a sus seres queridos, hacer homenajes y elevar sus voces y denuncias.

Comisión Colombiana de Juristas

[1] Ver en CIDH, Informe No. 369/21. Petición 1922-12. Admisibilidad. Alix Fabián Vargas Hernández y otros. Colombia. 29 de noviembre de 2021.