Litigio internacional y contencioso administrativo

Tras 18 años de impunidad, asesinato del abogado Antonio Rivera Movilla llegó a la CIDH

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Bogotá, 26 de octubre de 2021. Antonio Rivera Movilla, un abogado reconocido por su profesionalismo, pero sobre todo por su bondad y nobleza, falleció la madrugada del 24 de febrero de 2003, cuando paramilitares al mando de Omar Montero Martínez, alias ‘Codazzi’, lo obligaron a asistir a una reunión en la que fue torturado y posteriormente asesinado. Rivera, que ya había sido citado en ocasiones anteriores por el mismo grupo armado que operaba en la región y que estaba en cabeza de ‘Codazzi’, reconocido por controlar la zona media del departamento Magdalena durante la época, era el propietario de tres fincas con una extensión aproximada de 1.000 hectáreas, en Heredia y San José (Magdalena), y Las Mercedes (Tocaima).

Horas antes del asesinato de Antonio, alias ‘Codazzi’ lo citó con el propósito de que le vendiera sus tierras, a lo cual él se negaba. Días previos a ese encuentro en el que Rivera fue asesinado, había recibido otro llamado por parte de los mismos hombres. Durante la época en la que ocurrieron los hechos -año 2003-, la región del Magdalena se caracterizaba por la fuerte presencia de grupos paramilitares que ejercían un control político y económico con la colaboración de funcionarios del Estado y de la fuerza pública, a través de acuerdos para “consolidar mayorías electorales”.

Tras 18 años de inoperancia estatal, de la desidia investigativa y del olvido al que han sido condenados los hechos violentos que llevaron al homicidio de Antonio, este martes 26 de octubre se llevó a cabo una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de más de 17 años de litigio, este órgano internacional convocó a las partes a un encuentro en el que fueron presentados los alegatos finales, previos a la expedición del informe de fondo, en el cual la CIDH determinará si hubo violaciones a los derechos humanos.

La audiencia, presidida por las y los Comisionados, contó con la participación de uno de los hijos de Antonio, quien narró con detalle los hechos, la impunidad que ha envuelto el caso y las afectaciones que él y su familia actualmente padecen como consecuencia del asesinato de su padre. También participó Juan Diego Restrepo, director del medio alternativo Verdad Abierta, quien ha logrado determinar a través de sus investigaciones ciertas particularidades del contexto que se vivía durante la época del asesinato en la zona del Magdalena, así como el asentamiento de grupos paramilitares, sus nexos con los agentes estatales y el modus operandi que los caracteriza. Asimismo, estuvieron presentes abogados de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), representantes de las víctimas de este caso.

Durante su alegato, la CCJ expuso que el Estado es responsable de incumplir su obligación de garantía de derechos desde dos perspectivas: 1) por la creación del riesgo paramilitar en la zona del Magdalena; 2) por los vínculos y nexos entre paramilitares y funcionarios públicos que incidieron en la perpetración de los hechos.

Asimismo, los representantes de las víctimas solicitaron a la CIDH proferir el informe de fondo en el que declare la responsabilidad del Estado por: i) La violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, propiedad privada y vida privada, así como de los artículos 1, 2, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de Antonio Rivera Movilla. ii) La violación de los derechos a la integridad personal, circulación y residencia y familia en perjuicio de los familiares de Antonio Rivera Movilla; iii) La violación de los derechos amparados por los artículos 5, 8 y 25 de la Convención en relación con la obligación general del artículo 1.1 y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrado en el artículo 2 del mismo tratado internacional.

Deseosos de la verdad, justicia y de la reparación que ha negado el Estado por casi  dos décadas a la familia Rivera Movilla, este es un escaño más que se surtirá ante el Sistema Interamericano, cuyo fin inmediato es la expedición del Informe de Fondo, en el cual la Comisión declare la responsabilidad internacional del Estado; y cuyo fin último para los familiares de las víctimas es que en estos hechos no siga reinando la impunidad que por tanto tiempo ha auspiciado el Estado y por fin obtengan la reparación que merecen por el daño padecido.

Comisión Colombiana de Juristas