Litigio internacional y contencioso administrativo

Medidas cautelares para los congresistas María José Pizarro y Wilson Arias solicita a la CIDH la Comisión Colombiana de Juristas

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Bogotá, 5 de junio de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en favor de la Representante a la Cámara María José Pizarro y el Senador Wilson Arias, congresistas de la oposición, para la protección de sus derechos a la participación política (artículo 23) y a las garantías judiciales (artículo 8), consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Estos congresistas han sido víctimas de una persecución política desde la Procuraduría General de la Nación, que les abrió recientemente investigaciones disciplinarias. A juicio de esta entidad, la labor de protección y defensa que María José Pizarro y Wilson Arias han liderado en defensa de las y los manifestantes en el contexto del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril en Colombia es una extralimitación de su trabajo como funcionarios públicos, motivo por el cual deben ser investigados.

El propósito de estas indagaciones es impedir que María José Pizarro y Wilson Arias participen en el debate de un Proyecto de Ley mediante el cual se pretende reformar a la Procuraduría y modificar algunas disposiciones del Código Disciplinario Único, proyecto frente al cual los dos congresistas han manifestado sus desacuerdos. Con la apertura de estas investigaciones, ambos congresistas deberán declararse impedidos para participar en el debate y la votación del mencionado proyecto.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en julio de 2020 que la Procuraduría no puede destituir a funcionarios de elección popular, decisión que solo puede ser tomada por un juez penal, según la Convención Americana de Derechos Humanos, y le ordenó al Estado colombiano adecuar sus normas en la materia a la Convención. Así lo consignó en la sentencia que condenó al Estado colombiano por la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Supuestamente para cumplir esa decisión, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el Ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez, radicaron en el Senado el 25 de marzo de 2021 y en la Cámara de Representantes el 16 de abril del mismo año, un proyecto de ley ordinaria (el número 423 de 2021)– que le daría facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para la vigilancia disciplinaria.  Es decir, que las decisiones que esta entidad tome en términos de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios públicos, incluidos aquellos de representación popular, tendrán un carácter judicial, con lo cual se estaría burlando el fallo de la Corte IDH.

“Como congresista he acompañado las movilizaciones y el ejercicio legítimo de la protesta desde el marco legal y constitucional, pero algunos sectores me juzgan y la Procuraduría me investiga por supuestamente extralimitarme en mis funciones. Por esta razón y dada la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones del Estado, recurro a instancias internacionales para que se respeten mis derechos al debido proceso y se brinden las garantías necesarias para seguir desarrollando mis funciones como legisladora” dijo María José Pizarro

"Asistimos a una andanada política de la extrema derecha, en la que coincide la Procuraduría, para descalificar nuestra opinión sobre la ampliación burocrática de la entidad y el papel de los organismos de control en esta hora tan delicada de la vida nacional. Y no solo eso, el Centro Democrático y sus aliados pretenden escarmentar a quienes hemos apoyado la movilización de los jóvenes y las denuncias de las violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, durante las protestas en Colombia", señaló por su parte el senador Wilson Arias.

Por la gravedad y urgencia de la situación de estos congresistas, y por el irrespeto a las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión Colombiana de Juristas ha solicitado a la CIDH requerir al Estado para que suspenda el proceso disciplinario que inició el pasado 1° de junio contra María José Pizarro y Wilson Arias hasta que se termine la presente legislatura en el Congreso.

Asimismo, se ha pedido que, cuando culmine el período legislativo y la investigación disciplinaria siga su curso, el Estado garantice el debido proceso legal de estas investigaciones adelantadas por la Procuraduría, cuya imparcialidad es más que dudosa.

Comisión Colombiana de Juristas