Tierras

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La CCJ entregó a la JEP un informe que documenta los fenómenos de despojo de tierras y desplazamiento forzado y cómo estos afectaron al campesinado colombiano

Martes 25 de mayo de 2021

Bogotá, 25 de mayo de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Impunidades del despojo”, el cual recoge la experiencia de litigio en procesos de restitución de tierras que desde hace más de siete años ha adelantado la organización. El informe se concentra en siete casos de despojo a comunidades campesinas en tres regiones del país: Las Franciscas, Diana María y Chimborazo, ubicadas en el departamento Magdalena; La Guatinaja y La Marimonda, en el departamento Antioquia (Urabá); y la hacienda Bellacruz y Villa Margarita, en el departamento Cesar.

Uno de los propósitos centrales de este informe es señalar la impunidad o la ausencia de justicia frente a la participación de terceros civiles –empresarios del sector bananero y palmero– en hechos graves y representativos que provocaron el desplazamiento forzado y despojo de tierras de 1.552 campesinos y campesinas.  Si bien es cierto que la comparecencia de estos terceros a la JEP es voluntaria, el informe es de gran utilidad en dos sentidos: por un lado, aporta elementos que enriquecen los macros – contextos de las investigaciones que asuma la jurisdicción, y por el otro, podrá, eventualmente con los elementos probatorios, incentivar el ingreso de actores de sectores económicos a la JEP.

Los casos documentados en “Impunidades del despojo”, además de cumplir con los criterios de interés para la JEP por haber producido un grave impacto en los derechos individuales y colectivos de comunidades campesinas desplazadas y despojadas de sus tierras, ilustran el “modus operandi” y el patrón de desplazamiento forzado desplegado por los actores del conflicto en las zonas donde ocurrieron los hechos.

En el informe también se describen las prácticas sistemáticas de criminalidad y victimización que dan cuenta de la manera violenta y arbitraria en que fueron expoliadas las tierras a las comunidades campesinas. En estas regiones, la pérdida violenta y generalizada de tierras del campesinado surge en medio de un contexto de conflicto agrario y armado, que ha generado graves violaciones a los derechos humanos con daños y afectaciones en perspectiva individual y colectiva. Además, se identifica el dispositivo de financiamiento del despojo, sus actores y beneficiarios, los cambios en el uso del suelo, entre otros aspectos que sirven para abrir líneas de investigación sobre la participación de distintos actores en los hechos victimizantes.

Para la Comisión Colombiana de Juristas resulta fundamental que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) reconozca la gravedad, la magnitud y la naturaleza del desplazamiento forzado y despojo de tierras en Colombia. En este sentido, es importante que la JEP considere la situación de estos dos crímenes como un tema central de su quehacer, para garantizar el restablecimiento y satisfacción de los derechos del campesinado colombiano, con la aspiración de lograr una paz estable y duradera.

Comisión Colombiana de Juristas