Litigio internacional y contencioso administrativo

17 años de la masacre de Bahía Portete y de resistencia de una comunidad wayuu sedienta de verdad, justicia y garantías para una vida digna

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Bogotá, 18 de abril de 2021. La guardiana del cerebro, la memoria, nos habría de remontar a épocas pretéritas, cuando el Estado, sepulturero perenne de la comunidad wayuu, aunque la abandonaba a su suerte, aún no propiciaba su éxodo; momentos de escasa bonanza pero, por fortuna, también de escaso terror estatal para sus integrantes; tiempos en que el puerto de Bahía Portete, arraigado en el territorio del Clan Epinayú, era fiel sinónimo de sosiego y prosperidad para el pueblo wayuu. Pero el recuerdo en esta ocasión nos remonta al 18 de abril de 2004, al mismo puerto de Portete, donde se gestaba una falsa esperanza hacia el futuro inmediato, pues, así como donde el sol comienza a relucir estallan truenos y tormentas de naufragio, así, de la fuente que podía dar consuelo brota el desconsuelo. Esa jornada convertiría un día tranquilo en una mañana infernal del destino de la comunidad wayuu: la masacre de Bahía Portete fue la artífice de una de sus más grandes aflicciones.

Las denuncias y advertencias previas de Victoria Elena y Mariana Epinayú, así como de otras personas de la comunidad, ante las instituciones oficiales sobre la inminencia de una incursión armada de grupos paramilitares, fueron en vano. Entre el 18 y 20 de abril de 2004, más de 40 hombres del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandados por José María Barros Ipuana, alias “Chema Bala”, Arnulfo Sánchez, alias “Pablo”, y Rodrigo Tovar, alias “Jorge 40”, arremetieron contra determinadas rancherías donde sabían que vivían mujeres. En la etnia wayuu, caracterizada por una dinámica de poblamiento dispersa matrilocal, atentar contra las mujeres es una verdadera ofensa. Las consecuencias inmediatas del hecho, previstas por personas de la región y omitidas por la institucionalidad, fueron amargas: al menos 12 indígenas murieron, más de 30 fueron desaparecidos, cerca de 600 se vieron obligados a desplazarse y las rancherías y cementerios familiares, donde históricamente se habían ubicado y donde permanecían sus muertos y antepasados, fueron profanados.

Luego de que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentara una acción de grupo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en diciembre de 2017 la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad, que se dio como consecuencia de la masacre; sin embargo, la reparación que benefició a gran parte del grupo está suspendida por parte del Consejo de Estado debido a una tutela presentada por el Ministerio de Defensa en contra de la providencia.

Si todo terminara una vez hecho, dijo Macbeth, sería conveniente acabar pronto; sin embargo, para la comunidad wayuu, a pesar del tiempo trascurrido, la masacre no concluye y sus consecuencias han sido perpetuadas por el Estado, incapaz de liberarles del abandono al cual les ha sometido. Gran parte de la comunidad se ha visto obligada a permanecer en el exilio, en Uribia, Maicao e incluso en Venezuela, lejos de sus muertos y de su territorio, lugar propicio para el desarrollo de un plan de vida acorde a sus vínculos y creencias.  Por su parte, quienes han logrado el retorno se enfrentan día a día a la carencia de servicios básicos y garantías suficientes para vivir dignamente.

Después de 17 años de lo ocurrido en Bahía Portete, la comunidad, consciente de las aflicciones de su pasado, sigue conmemorando esta fecha en la que recuerda a quienes ya no están y alza su voz en contra del abandono del Estado y de las heridas que trajo consigo la masacre de 2004. Este hecho violento demostró la indiferencia de las instituciones estatales y el silencio que hay en torno a los atropellos que sufren las comunidades, en especial las indígenas.

Desde la CCJ acompañamos al pueblo wayuu en su lucha por el reconocimiento de sus derechos y en el camino recorrido para la reparación y la no repetición, esa que tanto les ha sido esquiva.

Junto a ellos y ellas caminaremos.

Comisión Colombiana de Juristas