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Reclamación a favor de las principales víctimas del coronavirus

La Comisión Colombiana de Juristas hace un respetuoso y firme llamado para que en la actual crisis se garanticen los mínimos vitales de la población más vulnerada históricamente

Martes 07 de abril de 2020

La Comisión Colombiana de Juristas, representante de diversas poblaciones víctimas de graves violaciones de derechos humanos, hace un llamado a las entidades estatales, al Gobierno nacional y a los mandatarios regionales y locales, para que, con ocasión de las medidas de emergencia que se han decretado a nivel nacional y regional por la pandemia del COVID-19 (coronavirus), se adopten las acciones o políticas públicas necesarias y adecuadas para garantizar a las poblaciones más vulnerables el goce efectivo de sus derechos. Se trata de víctimas del conflicto armado, líderes y lideresas, poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas, y de sus derechos a la vida digna, la salud, la seguridad alimentaria y al agua potable.

En particular, y en el desarrollo de nuestra tarea misional, tenemos conocimiento directo de la grave situación que afrontan las víctimas y defensores de derechos humanos en las regiones. La población rural víctima del conflicto social, político y armado se encuentra en un especial estado de vulnerabilidad en relación con la consecución de los mínimos vitales debido a la prolongada desatención estatal en relación con sus derechos. En las últimas semanas hemos recibido reportes de más de veinte comunidades con las que trabajamos, sobre sus dificultades para atender el llamado de aislamiento preventivo obligatorio, con la preocupación de quedar expuestas nuevamente a la muerte.

Las razones que dificultan el cumplimiento de la medida de aislamiento están relacionadas con múltiples factores: falencias históricas en la garantía de sus derechos fundamentales, dificultad para acceder a medios económicos permanentes, producto de la imposibilidad de uso y acceso a las tierras o de la inexistencia de empleos dignos y estables en los centros poblados adonde han sido desplazados forzadamente y el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios.

Denuncias desde los territorios

Las comunidades señalan enfáticamente que la negligencia del Estado para cumplir con la reparación integral que les ha sido reconocida administrativa o judicialmente en el marco de la Ley 1448 de 2011 y los nuevos desplazamientos o confinamientos forzados son parte de las razones que actualmente los dejan más expuestos ante esta calamidad de orden nacional. Por otra parte, las comunidades manifiestan como un peligro para su supervivencia en los territorios la omisión de las entidades estatales en la prevención de los riesgos que corren los líderes y lideresas por su labor, así como los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en algunas regiones donde se han suscrito acuerdos de sustitución voluntaria.

Estas situaciones específicas se producen en territorios en los que habitan pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, víctimas del conflicto armado, sujetos de especial protección y destinatarios de decisiones judiciales y administrativas, cuyos derechos no deben ser aplazados u obstaculizados, sino priorizados y garantizados, en medio de la emergencia decretada por el coronavirus y, en general, en cualquier circunstancia.

En estas condiciones, la crisis se agudiza por la dificultad para acceder a los alimentos básicos y a los servicios públicos, y en algunos casos por las restricciones de los entes territoriales que impiden a la población adulta mayor trasladarse de cascos municipales a zonas rurales incluso para desarrollar labores de siembra y cosecha, que es lo que saben hacer y es la fuente de su subsistencia.

Cabe resaltar que en su mayoría estas poblaciones víctimas del conflicto se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema o debilidad manifiesta, y son sujetos de protección especial por tratarse de adultas y adultos mayores, mujeres cabeza de hogar o personas en situación de discapacidad, por lo cual el Estado debe adoptar medidas para garantizar sus derechos, con el correspondiente enfoque diferencial de atención.

En consecuencia, es necesario que los funcionarios del Gobierno nacional y local prevean en el actual estado de emergencia adoptar acciones que, además de la ayuda humanitaria requerida, garanticen el ejercicio de los derechos de la población rural y el cumplimiento de las decisiones administrativas y judiciales decretadas a favor de las víctimas. 

Un llamado urgente al Gobierno nacional, a las autoridades locales y a las instituciones en general

Teniendo en cuenta el contexto presentado, nos sumamos al llamado de las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, que han alertado a las instituciones sobre estas dificultades en diferentes regiones del país. Instamos a las entidades correspondientes del orden nacional, regional y local a garantizar urgentemente el mínimo vital de las comunidades y personas víctimas más vulnerables. Asimismo, las urgimos a adoptar las políticas correspondientes y adecuadas para la atención a estas poblaciones, de tal manera que se garantice el acceso a alimentos, agua potable y atención en salud a todas las víctimas del conflicto armado.

Solicitamos principalmente a la Defensoría del Pueblo mantener actualizado el Sistema de Alertas Tempranas. Pedimos a las entidades de orden departamental y local llevar a cabo la entrega de ayudas de manera objetiva y sin prácticas clientelistas, ni condiciones o requisitos excluyentes y discriminatorios. Hacemos un llamado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que priorice y haga entrega efectiva de las indemnizaciones individuales y colectivas que a la fecha no ha hecho efectivas y para que genere mecanismos y canales de comunicación teniendo en cuenta las dificultades de acceso a tecnología y a conectividad de algunas poblaciones rurales. Exhortamos a la Unidad de Restitución de Tierras para que priorice el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con proyectos productivos. Alentamos a la Fuerza Pública para que actúe en el marco del respeto por los derechos humanos en el cumplimiento de sus responsabilidades en todo el territorio. Y esperamos que el Gobierno nacional garantice a través de los mecanismos legalmente establecidos la vida y la labor de los líderes y lideresas, y suspenda los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, especialmente en relación con quienes hayan pactado con las autoridades la sustitución voluntaria.

Por último, manifestamos toda nuestra disposición para colaborar con los canales de diálogo que se requiera crear con las poblaciones y comunidades campesinas e indígenas con las que trabajamos en aras de establecer las mejores alternativas de solución a la situación.

Comisión Colombiana de Juristas
Abril 7 de 2020

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