Comunicación y RRPP

Después de 16 años de búsqueda, Doris Tejada y Darío Morales, padres de Óscar Alexander, encontraron a su hijo desaparecido forzadamente el 16 de enero de 2008 por el Ejército Nacional. En próximas semanas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas -UBPD- realizará la entrega digna de sus restos.

La Comisión Colombiana de Juristas seguirá acompañando a esta familia que sigue participando en la JEP a la espera de que los comparecientes revelen la verdad sobre la desaparición del joven y se aclare quiénes fueron todos los responsables de este crimen.   

La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional realizó el lanzamiento de la política de complementariedad y cooperación con la Cancillería Colombiana, Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas participó en un conversatorio sobre esta importante alianza, junto a la JEP y la Fiscalía General de la Nación.

"Las organizaciones de la sociedad civil colombiana han jugado un papel histórico en el impulso del aparato de justicia colombiano para investigar las violaciones a DD. HH. y los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Esto ha incluido establecer un relacionamiento con la Oficina del Fiscal de la CPI desde sus inicios", señaló la doctora Rodríguez, durante su Intervención.

Entre las semanas del 29 de abril y el 3 de mayo y el 13 y 17 de ese mismo mes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en audiencia pública a víctimas de secuestro y otros crímenes cometidos por el bloque Sur, que operaba en Caquetá, Huila, Cauca, Nariño, Putumayo y Amazonas.

Del total de participantes, la Comisión Colombiana de Juristas acompañó a más de 20 personas que sufrieron la desaparición de sus seres queridos y el secuestro extorsivo o por control territorial, hechos de los cuales son responsables los exintegrantes de ese bloque.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la protección judicial y la salud, contenidos en los artículos 4, 5.1, 7, 8.1, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de Giacomo Turra y de sus familiares. Esta notificación la hizo a finales de abril a través del informe de fondo, un documento en el que este órgano internacional expone si en determinado hecho se cometieron violaciones a los derechos humanos.

El 7 de mayo, se debatieron en el Congreso de la República dos importantes proyectos de ley: 1. la ley estatutaria sobre la integración y la estructura de la Jurisdicción Agraria y rural, en la Comisión Primera de Cámara de Representantes; y 2. la ley ordinaria que establece las competencias y el funcionamiento de la misma jurisdicción, en la Comisión Primera del Senado.

Ambos proyectos son fundamentales para la construcción de paz en Colombia porque abordan la causa histórica del conflicto armado en el país y facilitan que el campesinado acceda a la administración de justicia partiendo de su reconocimiento como sujeto de especial protección constitucional. 

El Instituto Danés de Derechos Humanos ha creado una herramienta que busca guiar decisiones legislativas y gubernamentales orientadas a la generación de un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Desde la Comisión Colombiana de Juristas estamos diligenciando este instrumento a fin de, junto con el Instituto, propiciar leyes y mecanismos que protejan y prevengan las violencias contra las personas defensoras.