Litigio penal

Se cumplen 34 años del asesinato de tres líderes sociales de la ATCC y la periodista Silvia Duzán, el caso sigue en la impunidad

Bogotá, 26 de febrero de 2024. Hace 34 años en Cimitarra, un municipio ubicado al norte de Colombia, en el departamento Santander, actores armados bajo el liderazgo del comandante paramilitar ‘Ariel Otero’, con la complicidad de militares del Batallón General Rafael Reyes y del Noveno Distrito de Policía, asesinaron a Silvia Margarita Duzán, periodista, y a Miguel Ángel Barajas, Josué Vargas y Saúl Castañeda, integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC).

Debido al contexto de violencia que se vivía durante los ochenta en el Magdalena Medio, región que estaba controlada por la presencia de actores armados legales e ilegales, se creó la ATCC en 1987. Algunas personas que pertenecieron a esta asociación recuerdan que, en esa época, los grupos al margen de la ley solo les ofrecían a los habitantes cuatro opciones: unirse como guerrilleros o paramilitares, abandonar la región o enfrentar la muerte.

La ATCC optó por una quinta opción: organizarse. Esta decisión surgió como una estrategia de diálogo y consolidación pacífica de la población civil. La Asociación negoció acuerdos de paz con los grupos armados presentes en la zona e intervino en el conflicto regional entre estos grupos y los habitantes locales. Esta apuesta por la paz llevó a Silvia Margarita a documentar y querer dar a conocer los logros de la ATCC.

Actualmente el caso es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues el Estado colombiano no ha investigado diligente, seria e imparcialmente la responsabilidad de sus agentes. Los y las familiares de las víctimas esperan que este órgano internacional se pronuncie sobre la responsabilidad internacional que tuvo Colombia en estos hechos,

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y las familias de las víctimas rinden un homenaje a Silvia Duzán, Miguel Ángel Barajas, Josué Vargas y Saúl Castañeda en la conmemoración de los 34 años de sus homicidios, y enaltecen la importancia de su labor que, diez meses después de lo ocurrido, fue reconocida mediante la concesión del Premio Nobel Alternativo de la Paz en Estocolmo, Suecia.

La CCJ resalta su compromiso con los y las familiares de seguir al frente del caso hasta que los tribunales, tanto nacionales como internacionales, hagan justicia, y así evitar que la impunidad prevalezca en casos de violaciones a los derechos humanos.