Litigio penal

Responsables de primeros casos de 'falsos positivos' comparecen ante la JEP - masacre de Las Palmeras

Bogotá, 27 de noviembre de 2023. La Escuela Rural Mixta de las Palmeras, ubicada en la zona rural de Mocoa (Putumayo), fue escenario de uno de los primeros casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como bajas en combate en la historia de nuestro país. El 23 de enero de 1991, integrantes de la Policía y Ejército Nacional perpetraron lo que se conoce como “masacre de las Palmeras”, cuando en el desarrollo de un operativo en contra de grupos guerrilleros con influencia en la zona presentado inicialmente como legítimo, asesinaron a los civiles Artemio Pantoja Ordóñez, un maestro de obra; Hernán Javier Cuarán Muchavisoy, músico y docente de la escuela; Julio Milciades Cerón Gómez, Edebraes Cerón Rojas y William Hamilton Cerón Rojas, campesinos habitantes de Las Palmeras, Hernán Lizcano y una persona sin identificar quien en vida era conocido como Moisés.

Este caso ha tenido diversas sentencias proferidas por la justicia penal ordinaria, el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han establecido la responsabilidad del Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales, tras probarse que las víctimas eran civiles.

32 años después de los hechos la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, en el marco del caso 03“asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, llamó a versión voluntaria a Jaime Alberto Peña y Antonio Alonso Martínez, exmiembros de la Policía hallados responsables por estos crímenes. La llegada de este caso a la JEP es una oportunidad para el esclarecimiento de la verdad, el reconocimiento de la responsabilidad individual e institucional y la búsqueda de caminos para la reparación y la restauración.

Nos unimos a los reclamos de las familias víctimas de esta masacre, quienes exigen una verdad completa que permita establecer la responsabilidad de altos mandos de la Policía y el Ejército del departamento del Putumayo e impulsar las investigaciones, el juzgamiento y la sanción, así como la reivindicación de la honra y el buen nombre de sus seres queridos que fueron vilmente asesinados por la fuerza pública.

Comisión Colombiana de Juristas