Señora Presidenta:
La Comisión Colombiana de Juristas y la Comisión Internacional de Juristas condenamos los hechos de violencia cometidos durante las recientes protestas en Colombia. Entre el 28 de abril y el 22 de junio, organizaciones de sociedad civil han documentado al menos 27 muertes de civiles atribuibles a la policía, 17 casos de agresiones sexuales contra mujeres y 1.677 personas heridas por el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza por agentes estatales, incluyendo 80 personas con lesiones oculares. Más de 3.000 personas han sido detenidas, en su mayoría arbitrariamente. Muchas de las personas capturadas o detenidas han sido sometidas a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes[1]. Además, desconociendo estándares internacionales, la justicia penal militar está investigando muchos de estos hechos.
Es lamentable que, como respuesta a las manifestaciones, el gobierno haya involucrado a las fuerzas militares, contra la voluntad de las autoridades locales, recurriendo a modus operandi propios del conflicto armado, en lugar de adelantar una negociación para resolver las demandas ciudadanas. Más aún, las autoridades colombianas están incumpliendo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó garantizar el derecho a la protesta, y varias regulaciones se han modificado para justificar la represión y criminalización de los manifestantes[2].
Por ello, urge que el Consejo de Derechos Humanos exhorte a Colombia a aceptar una visita del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.